Aunque el nuevo esquema denominado Derecho Petrolero para el Bienestar —un nuevo régimen fiscal creado por la presidenta Claudia Sheinbam— busca fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex), también representa una reducción significativa en los ingresos para 2025.
En entrevista con EL CEO, el investigador en Transición Energética y Medio Ambiente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), César Augusto Rivera, señaló que, aunque el Derecho Petrolero para el Bienestar continúa la estrategia de apoyo de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su implementación podría tener efectos adversos en los ingresos gubernamentales.
La reducción en las tasas de derechos y la eliminación del cobro por exploración abren la puerta a un alivio financiero para Pemex, pero también generan incertidumbre sobre cómo el gobierno equilibrará las finanzas públicas en un contexto de menor renta petrolera y mayores compromisos sociales
puntualizó.
El esquema del Derecho Petrolero para el Bienestar integra lo que anteriormente se conocía como el Derecho de Utilidad Compartida (DUC) y el Derecho de Extracción.
También elimina el Derecho de Exploración, que anteriormente generaba un ingreso fijo mensual, aunque modesto, de aproximadamente 100 millones de pesos.
Para 2025, el nuevo régimen establece un cobro del 30% sobre el DUC y una reducción progresiva en la tasa del Derecho de Extracción, dependiendo del precio del petróleo.
Disminución en los ingresos petroleros
Este ajuste implica que los ingresos por derechos petroleros en 2025 se estimen en 279,767 millones de pesos, lo que representa una caída del 3.4% en comparación con lo aprobado para 2024.
Rivera destacó que esta disminución ocurre en un momento crítico, ya que los ingresos petroleros han mostrado un comportamiento a la baja.
El fondo mexicano de ingresos apenas alcanza los 110,000 millones de pesos al cierre del tercer trimestre de 2024, quedando lejos de las metas planteadas para este año
explicó el experto.
El nuevo régimen refleja la continuidad de la política de rescate de Pemex, pero su implementación podría incrementar la dependencia del gobierno de ingresos no petroleros, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas.
De acuerdo con el CIEP, el IEPS ya supera a la renta petrolera en términos de recaudación en 2024, lo que podría intensificarse en 2025.
Sector privado da el visto bueno para Pemex
Contrario al CIEP, la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros señaló tener confianza en el Derecho Petrolero para el Bienestar.
La organización empresarial consideró que esta reconfiguración permitirá a la petrolera obtener los recursos necesarios para capitalizarse, “hacer frente a sus adeudos de corto plazo, invertir en proyectos estratégicos y reducir su deuda financiera”.
Todo ello con disciplina, austeridad, transparencia y bajo una estricta revisión de esquemas de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Extensiones de pago para Pemex
César Augusto Rivera señaló que la administración Sheinbaum enfrenta además el desafío de garantizar que Pemex cumpla con sus obligaciones tributarias y financieras del 2024, de donde sobresalen las extensiones de pago del DUC.
Según estimaciones del CIEP, la petrolera adeuda por el DUC cerca de 80,000 millones de pesos, “un monto que, de saldarse, podría aliviar parcialmente las presiones fiscales”.
¿Qué detalla el proyecto de Ley de Ingresos del próximo año?
El proyecto de Ley de Ingresos del 2025 recordó que por la reforma energética de 2014 y con el fin de maximizar la renta petrolera proveniente de Pemex, se estableció el régimen de asignaciones y que previó tres derechos:
- El Derecho de Exploración de Hidrocarburos (DEXP), consistente en una cuota calculada por kilómetro cuadrado, aplicable exclusivamente a las áreas en fase de exploración
- El Derecho de Extracción de Hidrocarburos (DEXTH), consistente en una tasa variable sobre los ingresos brutos generados por cada hidrocarburo extraído, cuya cuantía varía según el precio de mercado del hidrocarburo
- Y el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), el cual grava la utilidad operativa obtenida.
Según el proyecto presentado por Claudia Sheinbaum, el pago de estos derechos impone a Pemex una carga “fiscal compleja y poco flexible”.
Derivado de lo anterior, con el objetivo de simplificar el esquema fiscal antes mencionado, se propone establecer el Derecho Petrolero para el Bienestar.
Este modelo permitirá que la contraprestación pagada por Pemex sea previsible y transparente, vinculando su base gravable únicamente al precio y la producción de hidrocarburos
de acuerdo con la Ley de Ingresos.
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