El tramo ferroviario de cerca de 120 kilómetros que es pieza importante para uno de los proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) detonó un conflicto con Germán Larrea que aún no logra resolverse.
El pasado lunes, el mandatario reveló que antes de emitir el decreto de ocupación temporal de instalaciones de Ferrosur, Grupo México pidió 9,500 millones de dólares por el tramo en disputa, a lo que su gobierno se negó y dijo que se les indemnizaría conforme al avalúo.
Para el miércoles, luego de que circularon versiones de un acuerdo entre las partes por una cantidad inferior, López Obrador dijo que buscan llegar a acuerdo, pero no sería monetario, sino un “permiso de paso y revisión de concesiones sobre las mismas vías que están en poder de Grupo México”.
Según el presidente, el conglomerado mantendría el derecho de paso y tanto ellos, como la empresa de participación estatal mayoritaria Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) o la empresa ferroviaria que quiera transitar, pagaría una cuota por cruzar el tramo.
Aquí lo importante, el fondo, es que la concesión se recupera, se rescata, vuelve a ser de la nación, regresa a la nación
destacó AMLO.
Sin embargo, al cierre de esta edición ni el gobierno ni el conglomerado dieron a conocer que hubieran concretado un acuerdo o sus condiciones.
Acordar o impugnar
Julia Gónzalez Romero, consejera en el despacho Gónzalez Calvillo Abogados, mencionó que el acuerdo podría incluir diversos aspectos mientras esté dentro del marco normativo del transporte ferroviario, es decir, que mientras sea legal pueden pactarlo.
Bajo la situación actual de ocupación temporal, Ferrosur ha continuado sus operaciones bajo la vigilancia de las Fuerzas Armadas, pero la situación podría cambiar si el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec así lo decidiera, mencionó en entrevista.
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En un escenario en el que no se llegue a un acuerdo y Grupo México decidiera proceder por la vía legal, hay controversia respecto a los recursos que podría emplear.
Si Grupo México decidiera impugnar tendría que revisar las protecciones nacionales e internacionales a las que podría acceder y ponderar cuál es la que más les conviene
explicó la experta legal.
Por ejemplo, indicó, no podría impugnarse una expropiación propiamente porque se trata de una ocupación temporal, aunque hay tesis aisladas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que abren la posibilidad a amparos.
“Aquí sabemos que no se le dio garantía de audiencia, la SCJN ha dicho que si no te dan garantía de audiencia se está violando tu derecho constitucional y por lo tanto puedes impugnarlo (…) hay otra tesis aislada del Pleno de la Corte que dice que la expropiación no es un acto consumado de forma irreparable, eso da la puerta a un juicio de amparo”
Además, debido a la participación extranjera tanto en Grupo México como en la subsidiaria Grupo México Transportes, la compañía podría recurrir a medios de protección de inversiones previstos en tratados internacionales.
Pieza clave en el CIIT
El FIT es una pieza clave para el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto que une a los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz, y pretende integrar parques industriales a lo largo para contribuir a detonar el desarrollo de la región.
El FIT se constituyó en 1999 y se le dio un título de asignación por 50 años para operar y explotar el tramo de Medias Aguas a Salina Cruz en la llamada vía corta del Istmo, o línea Z, que va de puerto a puerto; así como para construir una segunda vía en el tramo Medias Aguas a Coatzacoalcos. Desde 2018, también está a cargo de las vías Chiapas y Mayab.
López Obrador ha criticado que el FIT no se quedara con los alrededor de 120 kilómetros restantes que unen a ambas localidades.
“Hasta Miguel de la Madrid, esto estaba considerado como seguridad nacional, todo, y de repente hacen una modificación (…) ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo no va a ser de seguridad nacional de Coatzacoalcos a Salinas Cruz, si es de puerto a puerto? Entonces, aquí el Grupo México tiene por eso una concesión”, señaló.
En la Cuenta Pública de 2022, el FIT señaló que estaba llevando a cabo un proyecto de “abatimiento de curvatura y pendiente y conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea Z” para convertir la antigua ruta ferroviaria que comunica ambas ciudades portuarias, pero no detalló su avance.
El documento indicó que el año pasado se ejercieron recursos por un monto de 2,386 millones de pesos para trabajos en diversos tramos, aunque advirtió que su desarrollo “sigue siendo gravemente afectado, por bloqueos de comunidades que se encuentran dentro del derecho de vía federal”.
