CRE Sener amparos

20 de noviembre 2020 | 5:00 am

Las empresas privadas han solicitado amparos contra cuatro de los cambios a la normativa impulsados por la autoridad, en forma de la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Uno de ellos era solamente para solicitar una extensión al plazo fijado, y dos más parecen perfilarse hacia una decisión favorable para la autoridad, por lo que la apuesta del Ejecutivo de “modificar por decreto” al sector energético parece estar rindiendo frutos.

Los cambios controversiales son: la política de almacenamiento, la política de confiabilidad del sistema eléctrico, los cambios al porteo tarifario de transmisión y distribución y la norma 05 de las gasolineras.

En el caso de la política de confiabilidad, inicialmente se publicó un acuerdo realizado por Cenace con el objeto de proteger al sistema nacional ante los cambios provocados por la pandemia de coronavirus.

Posteriormente, la propia Sener publicó otro acuerdo que fue imputado y que generó resoluciones favorables al sector privado. Actualmente, el acuerdo ya fue resuelto como inconstitucional en sentencia firme y se encuentra en el periodo de impugnación por parte del Ejecutivo y de terceros interesados.

Las resoluciones de los amparos al acuerdo original de Cenace generaron la creación de un nuevo acuerdo que no contraviene los derechos de los privados. En el caso del acuerdo de Sener, la Secretaría tendrá que sacar de vigencia las nuevas políticas y regresar a las anteriores, así como implementar las acciones necesarias para que el sector continúe bajo el esquema de competitividad.

La norma 05, que exige a las gasolineras modificar sus bombas despachadoras, enfrentó amparos que eran “de forma y no de fondo”, y que sólo solicitaban otorgar más tiempo a las estaciones de servicio para cumplir con la normativa, explicó Santiago Arroyo, abogado experto en el sector.

“Estos serán los primeros (amparos) que quedarán inservibles, porque ya están empezando a llegar los equipos, los amparos no serán necesarios e incluso muchos ya están desistiendo”, destacó.

El tema de los cambios al porteo tarifario continúa en proceso, y ya se han otorgado algunas suspensiones del acto. El tema no está resuelto de forma definitiva, pero las tarifas de porteo se siguen aplicando conforme a la resolución de la CRE.

En cuanto a las políticas de almacenamiento mínimo, que han tenido complicaciones debido a la negativa de Pemex de emitir tickets, se han rechazado todas las solicitudes de suspensión provisional y definitiva. Estas negativas dan lugar a pensar que la resolución final será contraria a los privados, señaló Arroyo.

“Esta situación regulatoria es el reflejo de un desacuerdo por parte del Ejecutivo sobre cómo funciona el marco legal actual”, señaló Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México.

“El Presidente con mayoría en el congreso podría cambiar este marco y evitar que le sigan lloviendo amparos. El problema es que quieren echar para atrás la reforma a base de decretos, cuando un cambio como el que buscan requeriría cambiar la ley”.

Arroyo dijo que Morena podría realizar cambios a las leyes secundarias, como la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica o la Ley de los Órganos Reguladores. Sin embargo, los artículos 25, 27 y 28 constitucional, así como la Ley Federal de Competencia Económica, seguirán siendo un obstáculo para realizar algunos cambios.

“Tendrían que irse hasta la constitución, pero bajo el escenario político que tenemos ahorita, una reforma constitucional es un descalabro político”, advirtió.

La autoridad seguramente tendrá que enfrentarse a más solicitudes de amparos, pues los cambios a la metodología de solicitud de actualizaciones y permisos, así como recientes cambios de la CRE a las reglas de adquisición de energía por parte de CFE ya han generado comentarios negativos por parte de privados.