El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado durante su mandato que los entes reguladores son un gasto innecesario para el erario y que podrían ser absorbidos por secretarías como la de Energía, un sentimiento que compartido por Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sin embargo, la desaparición de los reguladores energéticos dejaría un hueco difícil de llenar que convertiría a México en un destino poco atractivo para las inversiones, además de que podría incumplir tratados de comercio internacional.
“Los reguladores no son redundantes o irrelevantes a pesar de que la administración haya sido exitosa en capturarlos políticamente”, destacó David Maravilla, lead analyst de Horizon Client Access.
“Si mañana el Congreso pasara una ley para desaparecer a la CRE y a CNH habría un hueco importante en materia de independencia entre la política pública y la regulación que trasciende los sexenios. Esto causaría aún más incertidumbre entre los regulados”.
El experto señaló también que la ley contempla la existencia de ambas comisiones, por lo que su desaparición requeriría de una reforma legal, lo que agravaría esta incertidumbre regulatoria y minaría la competencia en el país.
“Sería visto como una mala práctica en el ámbito internacional, en el sentido de que México no provee a los inversionistas en el mercado con suficientes reglas, independencia y certidumbre respecto a las reglas del juego en el mediano y largo plazo”, advirtió.
Maravilla consideró que, en caso de la desaparición de reguladores, el sector de upstream tendría mayores posibilidades de continuar sus operaciones normales, pues CNH no ha hecho grandes cambios a la regulación que determina las actividades de exploración y producción.
El midstream y downstream sí han visto más cambios, en forma del cierre de temporadas abiertas y la desaparición de la regulación asimétrica, por lo que las empresas de estos segmentos tendrían mayores dificultades para seguir operando.
“Si con la CRE, en teoría independiente, ves estos cambios y estos retrasos, si Sener fuera la voz cantante verías cambios aún más claros a la política regulatoria para impulsar que Pemex retome el share que ha perdido en el mercado”, dijo Maravilla.
El mercado eléctrico es, probablemente, el más complicado de todos. “Las políticas para favorecer a CFE y los retrasos en permisos de generación e interconexión serían aún mayores sin la existencia de la CRE, lo que terminaría de minar la industria como existe actualmente”, advirtió el experto.
Los reguladores existen para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos contenidos en la Constitución. Como el derecho a escoger quien nos vende la gasolina o la electricidad
— Rosanety Barrios (@RosanetyBarrios) January 12, 2021
Maravilla advirtió que un mercado energético sin reguladores no sólo aumenta la incertidumbre, sino que podría provocar que México caiga en incumplimiento de algunos compromisos internacionales.
“México está granjeando enemistades con otros países en el marco de tratados internacionales por minar la competencia en el sector, y simplemente por toda la merma que representa para el sector público apoyar a CFE y Pemex sin una reforma de por medio.
Una administración de Joe Biden fácilmente podría argumentar que la desaparición de los reguladores es una violación al T-MEC al desaparecer el piso parejo para todos los participantes, y lo podrían llevar a arbitraje”, destacó.
La reforma legal necesaria para el caso de los reguladores energéticos no es una reforma constitucional en sí, sino de una reforma a la ley de hidrocarburos, a la ley de los órganos reguladores en materia energética o a la ley de la industria energética, pues estas pueden limitar la independencia de la CRE y la CNH, explicó Santiago Arroyo, abogado experto en el sector.
“Lo que ha estado haciendo el Presidente y la Sener de minar la autonomía de facto, con la reforma a estas tres leyes legalizaría esta acción de socavar la autoridad de la CRE y la CNH. Sin embargo, la absorción de Sener es inconstitucional y se puede imponer una controversia constitucional en diputados o senadores”, reveló.
El abogado predijo que el presidente identificará que su propuesta tiene un costo político muy alto, y que podría abandonar su impulso.
Si el actual gobierno lograra su cometido, los gobiernos subsecuentes tendrían la posibilidad de regresar al estatus quo actual si existe un congreso consensuado. Sin embargo, las cosas podrían no ser tan sencillas como parecen.
“Volver a hacer no es tan fácil como deshacer. ¿De dónde sacas el gasto público? Hay que encontrar el presupuesto para abrir las instituciones que desaparecieron. Después vienen los recursos humanos, que cuestan más trabajo aún y que ya están mermados desde ahora”, advirtió Rosanety Barrios, analista del sector.
