Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que la SCJN no debió aceptar el caso de Elektra; la compañía de Ricardo Salinas Pliego aseguró que que la razón ética y jurídica los asisten, por lo que la resolución debe de darse conforme a los principios de autonomía e independencia judicial, sin linchamientos públicos ni presiones políticas.
De acuerdo con la empresa, sus recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de sentencias dictadas por el Décimo Octavo y Vigésimo Tribunales Colegiados fueron aceptados no por las inferencias mencionadas en la conferencia matutina, sino por la evidente inconstitucionalidad y porque responden al ejercicio de sus derechos.
En este sentido, expuso que, una vez comprobado el requisito indispensable de certificación de constitucionalidad, la SCJN admitió ambos recursos (2008 y 2013) considerando que subsisten cuestiones que revisten un interés excepcional en materia constitucional y de derechos humanos.
SCJN bajo ataque: Salinas Pliego
Asimismo, Elektra indicó que la justicia, incluidos los ministros de la Suprema Corte, está obligada a realizar un análisis imparcial y completo de nuestros casos, incluyendo el posicionamiento y voto particular del magistrado Fernando Silva García, quien exhibe los abusos que la autoridad tributaria cometió con el doble cobro de impuestos.
En un comunicado detalló que la Corte y su imparcialidad están; sin embargo, bajo ataque sistemático del presidente, quien mal informado y engañado intencionalmente por sus colaboradores, ha expuesto en reiteradas ocasiones imprecisiones y falsedades sobre nuestros recursos a fin de presionar a los ministros de la SCJN.
Mientras que el SAT “sigue demostrando sus prejuicios, hostilidad política y oscuras intenciones frente a los temas que están vinculados a Grupo Salinas”; por lo que, dicen, “poco les importa la ley, ya que solo buscan el rédito político y económico de sus cobros dobles e ilegales”.
“Confiamos en un Estado de Derecho en el que la resolución de nuestros asuntos se realice conforme a los principios de autonomía e independencia judicial, sin linchamientos públicos ni presiones políticas.
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