La reunión realizada esta semana entre Presidencia y los reguladores para acordar formas de favorecer a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la muestra más reciente de que los entes reguladores están perdiendo la independencia y fortaleza estructural que tenían antes del inicio del sexenio.
Esto ocurre principalmente en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), algo que según analistas parece orquestado desde el poder Ejecutivo mediante la sustitución de comisionados y la reducción de responsabilidades, lo que podría resultar más peligroso que benéfico.
“En términos formales el regulador (la CRE) no ha cambiado, tiene las mismas obligaciones y es regulado por la misma ley. La CRE tendría que hacer lo mismo que hacía antes del nombramiento del actual comisionado presidente”, explicó René Narvaez, analista del sector. “Yo no creo que sea un tema de experiencia o desconocimiento, sino de un tema ideológico y de captura regulatoria”.
Narváez recordó que la CRE está integrada por varios especialistas técnicos y consideró que la operación se ha visto afectada por decisiones administrativas de detener la atención a ciertos trámites y permisos si no vienen de las empresas estatales, algo que se alinea con las peticiones de CFE y las directivas de Presidencia.
Santiago Arroyo, abogado experto en el sector energético, estimó que las actividades de la CRE se redujeron hasta un 90% antes de que la pandemia obligara al cierre parcial de sus oficinas.
El caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que sólo ha visto la sustitución de uno de sus comisionados durante este sexenio, es distinto.
La principal responsabilidad era la de atender los asuntos relacionados a la exploración y producción de los contratos surgidos a partir de las rondas petroleras. Sin embargo, dado que la administración de López Obrador canceló la emisión de nuevos contratos de este tipo, su campo de acción se ha visto ampliamente limitado.
El Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) es probablemente el organismo que menos cambios ha intentado realizar, sin embargo, saltó a los titulares a principios de sexenio luego de la reestructuración de los contratos de los gasoductos en 2019.
Narváez explicó que es importante que no haya cambios bruscos en materia de gas natural en un futuro, pues las consecuencias afectarían no sólo al mercado de generación eléctrica, sino también al sector industrial. Según reportes, los representantes de Cenagas no fueron invitados a la reunión de esta semana.
Cenace fue objeto de polémica en meses recientes debido al acuerdo de confiabilidad del sistema eléctrico nacional, cuya entrada en vigor pondría en duda la capacidad de la red nacional de seguir aceptando generadores de energía limpia. El acuerdo se encuentra detenido debido a una suspensión definitiva emitida por un juez, por lo que su puesta en marcha tendrá que esperar a obtener una resolución satisfactoria del eventual juicio de amparo.
Cenace se encuentra una vez más en el ojo del huracán debido a la renuncia de su titular, Alfonso Morcos Flores, la misma semana de la reunión entre el presidente y los reguladores. La separación del puesto ha generado suspicacia sobre posibles desacuerdos entre Morcos y el ejecutivo, los cuales podrían estar justificados por la propia circunstancia del centro.
“Hasta cierto punto, la complejidad técnica de las operaciones que realiza Cenace hace un tanto difícil que sus acciones estén alineadas con los deseos de Presidencia”, dijo Narváez. El puesto presuntamente sería ocupado por un ex directivo de CFE.
Arroyo explicó que el mayor problema del sector se encuentra en la CRE, cuyos procesos se han ralentizado o detenido de forma importante, lo que podría incluso resultar en la quiebra de algunos proyectos de inversión en el sector.
El gran perdedor va a ser el consumidor mexicano, pero también los comisionados que se queden después de que se vaya López Obrador, porque la institución seguirá ahí mientras sigan las leyes.
El abogado explicó también que la reunión con Presidencia podría servir como un elemento de prueba para acreditar que la autoridad está incumpliendo con su obligación de forma dolosa. “También se pueden utilizar aquí las declaraciones del presidente, que parece que no reconoce el peso de sus palabras”.
El principal riesgo del acuerdo entre reguladores y Presidencia es la forma en que se llevarán a cabo las acciones derivadas del mismo, dijeron los expertos, pues actuar al margen de la ley podría generar una circunstancia en la que el gobierno mexicano se vea obligado a enfrentar demandas en cortes internacionales por parte de privados, en las cuales llevará todas las de perder.
