La publicación de la reforma energética en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que modifica el marco legal del gobierno de Enrique Peña Nieto, preocupa a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), por que se genera un escenario “de falta de imparcialidad y viabilidad en el despacho eléctrico”, advirtiendo riesgos significativos para la atracción de inversiones.
Por medio de un posicionamiento, el organismo empresarial subrayó que con el proyecto promovido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ahora aprobado, México pierde la independencia operativa del sistema que antes garantizaba el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
“Esto podría afectar no solo la seguridad de la red sino también la confianza de los inversionistas, quienes requieren reglas claras para operar y expandir la infraestructura energética en el país”, señaló.
Otro de los puntos críticos de la Reforma Energética, aseguró la asociación, radica en la falta de claridad sobre cómo se garantizará que la CFE mantenga su cuota de “generación del 54%”, y qué sucederá si la supera o, por el contrario, no la alcanza.
Estas ambigüedades generan incertidumbre no solo para el 46% del mercado reservado a la iniciativa privada, sino que podrían desplazar a las energías limpias y sostenibles, como la solar y eólica, en favor de alternativas de mayor impacto ambiental.
“Esta situación amenaza los avances en la transición hacia una energía más limpia, un objetivo crucial para el desarrollo sustentable del sector eléctrico y la protección del medio ambiente”, enfatizó la Coparmex.
Obstáculos para nuevas inversiones y financiamiento
La actual redacción de la ley plantea además serios desafíos para el financiamiento de nuevas inversiones, especialmente afectando a las pequeñas y medianas empresas, que suelen tener más dificultades para acceder a crédito en un entorno de elevado riesgo.
La incertidumbre desalienta tanto a inversionistas nacionales como internacionales, encareciendo el costo de desarrollo y limitando la entrada de nuevas fuentes de generación eléctrica al mercado.
En paralelo, la posibilidad de que la CFE y Pemex concentren una proporción significativa del mercado energético podría restringir la competencia y frenar el avance hacia un modelo descentralizado, que permitiría a los consumidores generar su propia energía, reduciendo así sus costos.
Consolidar esta tendencia podría contravenir el derecho de los mexicanos a un mercado justo y a un sistema eléctrico que responda a sus necesidades, advirtió la Coparmex.
En su posicionamiento, la confederación solicitó que la rectoría del Estado en el sector energético debe enfocarse en fomentar condiciones de equidad, inclusión y sustentabilidad.
“Esto exige reglas claras que promuevan la transición hacia energías limpias, la competencia justa entre todos los actores y la seguridad energética de todos los mexicanos”.
De no atenderse estos principios fundamentales, la Coparmex insistió en que México corre el riesgo de retroceder en sus metas de construir un sistema “energético sólido, confiable y sustentable”.
Aprobación de la reforma energética
Este 31 de octubre se publicó en el DOF la reforma energética de AMLO, con el decreto se cambió el artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27, y el párrafo cuarto del artículo 28.
Todos se enmarcan en la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en relación a fortalecer a las empresas Pemex y CFE y quitarle su condición como empresas productivas.
Se establece que el sector público será responsable de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como la exploración y extracción de petróleo y otros hidrocarburos.
“Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones”, se lee en el documento.
Se resalta que la propiedad y control de los organismos públicos del Estado deben permanecer bajo la supervisión del gobierno federal.
El decreto también impone restricciones a la participación privada en estas áreas, limitando las concesiones que pueden ser otorgadas y reafirmando la propiedad inalienable e imprescriptible de los recursos naturales por parte de la Nación.
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