Por Ilse Santa Rita y Ángel Alcántara
Las empresas de generación de contenidos Disney y Fox están fusionando sus operaciones en medio de controversias a nivel local.
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió potenciales conflictos de interés en el proceso de autorización en México, ya que las empresas obtienen asesoría de exfuncionarios del gobierno federal.
“Yo soy respetuoso del organismo que regula, pero también tengo información de que hay conflicto de intereses porque un funcionario que estaba en esta institución que se llama el Ifetel (sic) sí, el que regula, el instituto federal de comunicación (sic) es que estaba ahí, ahora está contratado por una de estas empresas para hacer el trámite”, dijo López Obrador en su conferencia matutina del viernes 8 de febrero.
Aunque el mandatario no dio nombres, información publicada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) revela que se trata de Ernesto Estrada González y Eduardo Pérez Motta. Ambos sostuvieron una reunión con los siete comisionados del Instituto, a la que asistieron como asesores de las empresas, en compañía de otros directivos.
Ernesto Estrada González fue comisionado del IFT desde septiembre de 2013 a febrero de 2017 y actualmente ostenta el cargo de Principal en el despacho SAI Derecho & Economía.
Eduardo Pérez Motta, por su parte, fue presidente de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (CFC) de agosto de 2004 a septiembre de 2013 y hoy es socio del mismo despacho.
Quienes trabajaron en algún puesto público, tienen el derecho de desempeñarse en algún otro puesto del sector privado, opinó Jorge Negrete, director general de Mediatelecom Policy & Law, siempre y cuando esté dentro de lo establecido por las normas.
Miguel Flores Bernés, socio del despacho Greenberg Traurig, México, y quien también trabajó en la CFC, explicó que diversas leyes establecen plazos para que quienes desempeñaron cargos públicos, puedan trabajar en la iniciativa privada.
Según el experto, a Estrada González le aplicaría el plazo descrito en el la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), pues así lo indica la Ley Federal de Telecomunicaciones. Mientras a Eduardo Pérez Motta, el descrito en la Ley Federal de Competencia Económica.
Según los plazos descritos en ambas leyes, ambos exfuncionarios ya habrían rebasado los periodos mínimos.
El Artículo 72 de la LGRA dice que “será responsable de contratación indebida de exservidores públicos el particular que contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto también será sancionado el exservidor público contratado”.
Estrada González se separó de su cargo en febrero de 2017, por lo que ya suma alrededor de dos años separado de su cargo, según información del IFT.
El caso de Pérez Motta es diferente. La Ley de Competencia Económica establece en su artículo 21 que “concluido su encargo, por un plazo equivalente a una tercera parte del tiempo que ejercieron su función, los comisionados no podrán desempeñarse como consejeros, administradores, directores, gerentes, directivos, ejecutivos, agentes, representantes o apoderados, de un Agente Económico que haya estado sujeto a alguno de los procedimientos previstos en esta Ley durante el desempeño de su cargo”.
La tercera parte de su periodo en funciones serían tres años, plazo que ya superó desde 2016.
La ley de competencia económica ayuda a evitar posibles conflictos de interés, al tener un lapso propicio para que, quienes ocuparon un puesto público, no tengan ventaja en las decisiones que se tomen al ser contratados por alguna empresa privada
Miguel Flores Bernés.
Disney-Fox acapararía hasta el 100% de la parrilla deportiva en paquetes de TV de paga
Aunque no hubiese conflictos de interés en la contratación de exservidores públicos por parte de Disney y Fox, sí hay riesgos de mercado, advierten expertos.
De concretarse la fusión, Disney-Fox podría concentrar el control del 100% en las parrillas deportivas en los paquetes de televisión de paga de hasta 199 pesos al mes, y de 68% en los paquetes de hasta 299 pesos, según un estudio del Instituto del Derecho de las Comunicaciones (IDET).
“Dicha empresa tendría el poder para imponer condiciones a los sistemas de televisión de paga, en detrimento de los usuarios que en la actualidad tienen acceso al contenido de los canales deportivos con eventos de gran interés como son partidos de futbol de la liga local y de otros torneos internacionales”, dicen analistas en el documento.
Ese factor ya fue regulado en otros países. En Estados Unidos, la división Antimonopolios del Departamento de Justicia, aceptó la transacción con la condición de excluir a 22 cadenas y señales deportivas propiedad de Fox, la cuales debían ser vendidas a un ente que también debería ser aprobado por el mismo Departamento.
El órgano regulador de Brasil determinó que, por los altos niveles de audiencia de los canales de deportes, la unión de ambas empresas tendría una posición de ventaja en este segmento, por lo que recomendó a la Corte de dicho país condicione la aprobación.
Analistas de The CIU coinciden en los riesgos.
“En promedio, lo suscriptores de TV de paga (en México) obtienen 73.4% de sus canales deportivos por medio de señales propiedad de Disney (36.5%) y Fox (36.9%)”, dijo la consultoría en un análisis. Pero visto por poder adquisitivo, los consumidores que pagan paquetes de costo de hasta 300 pesos tenían mayores riesgos.
En promedio, los paquetes de menos costo (menos de 299 pesos) contratados por 63.5% de los suscriptores obtienen 79.2% de sus canales deportivos de Disney y Fox; la participación baja a 63.6% para los que pagan paquetes de entre 300 y 699 pesos y baja todavía más, hasta 58.8% en el caso de los paquetes de 700 pesos o más.
La empresa Walt Disney compró a 21st Century Fox por 71,300 millones de dólares el año pasado.
El proceso de fusión que podría ser total o parcial, que ya tiene el visto bueno de la Comisión Federal de Competencia Económica desde el 31 de enero de este año, todavía está en revisión por parte del IFT.
