El presidente Andrés Manuel López Obrador apuesta a que puede usar un nuevo y polémico proyecto de reformas de ley para consolidar el control del sector eléctrico en manos del Estado sin inundar a su gobierno con más demandas de inversionistas, ya resentidos por sus políticas.
Grupos empresariales se han opuesto al proyecto de ley, que pretende dar prioridad a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho eléctrico y eliminará la obligación de México de comprar energía a través de subastas.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) calificó la reforma como una “expropiación indirecta”, mientras que la Cámara de Comercio de Estados Unidos dijo que violaba el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).
La propuesta de poner a la CFE, un gran consumidor de combustibles fósiles, por delante de las plantas eólicas y solares privadas también causó consternación entre los defensores de las energías renovables en México.
Expertos legales dicen que la administración disminuirá el riesgo de demandas si el proyecto de ley preferente respeta los contratos firmados bajo la reforma constitucional promulgada por el gobierno anterior y con la que se profundizó la apertura del sector al capital privado, incluso si frena los incentivos futuros para que las empresas inviertan.
La ley no será retroactiva, lo que salvaguardará los proyectos existentes, dijo el diputado de Morena, Manuel Rodríguez, quien encabeza la comisión de energía de la Cámara Baja, que tiene en sus manos la discusión de la iniciativa.
Las inversiones que ya se hicieron de acuerdo a las reglas de la reforma energética, esas se garantizan, y se van a continuar, no habrá cambio de regla para esas inversiones
dijo Rodríguez.
Ese punto podría estipularse en los artículos transitorios adjuntos a la legislación, dijo.
En el futuro, las nuevas reglas plasmadas en la iniciativa, en caso de aprobarse, se aplicarían a nuevos inversionistas, como el costo de la energía de respaldo para empresas que no lo tienen y que ahora absorbe la CFE, señaló.
Contrarreforma y reputación
López Obrador ha dicho que la apertura energética de su predecesor distorsionó el mercado a favor de las empresas privadas a expensas de la CFE y de Pemex.
Su gobierno ha tratado de dar marcha atrás a la reforma retrasando proyectos y emitiendo regulaciones que enfrascaron a empresas en litigios, provocando el enojo del sector privado y causando fricciones con los principales socios comerciales de México.
Poco después de que se diera a conocer la propuesta de López Obrador la semana pasada, se iniciaron consultas entre las embajadas en México y el sector privado, según fuentes diplomáticas.
Inversionistas creen que podría violar la Constitución mexicana y compromisos en el T-MEC.
La semana pasada, la Suprema Corte desechó normas que la Secretaría de Energía ha impulsado para ayudar a la CFE. Un cambio en la ley eléctrica sería más difícil de anular en la Corte, dijeron expertos legales.
En su defensa, López Obrador ha señalado un capítulo del T-MEC que reconoce que México tiene “derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna”. Sin embargo, sugiere que cualquier cambio de este tipo debe hacerlo “sin perjuicio” a los “derechos y remedios” de Estados Unidos y Canadá.
Si México no garantiza las inversiones existentes, puede esperar un diluvio de litigios, dijo Andrés Rozental, un exsubsecretario mexicano para América del Norte de la cancillería.
Incluso suponiendo que se garanticen todas las inversiones previas a los cambios en la ley, México podría enfrentarse a nuevas disputas legales.
Por ejemplo, según el T-MEC, si México reduce el acceso a su sector energético, Estados Unidos y Canadá deberían obtener más acceso a otro sector para compensar, dijo un exfuncionario comercial que ha asesorado al sector privado y al Gobierno.
De no ser así, México podría enfrentar medidas de represalia equivalentes en valor a la pérdida de acceso al mercado, dijo el exfuncionario.
Rozental reconoció que el T-MEC no obliga a México a seguir abriendo su sector energético, pero dijo que el proyecto de ley da a los inversionistas otra razón para no sentirse bienvenidos.
“Una reputación se daña de la noche a la mañana”, dijo Rozental. “La restauración de una reputación lleva mucho tiempo”, añadió.
