Por: Alejandro Juárez y Ángel Alcántara
La prohibición de venta de bebidas y alimentos ultraprocesados -chatarra- a menores de edad puede costarle anualmente a las empresas productoras alrededor de 143.6 millones de dólares (mdd) en cada estado donde se aprueben estas medidas.
Esto representaría una pérdida marginal para compañías como Bimbo, Coca Cola Femsa o Arca Continental, pero el daño se volvería considerable si la prohibición se replica en todo el territorio nacional.
Hasta ahora solamente Oaxaca y Tabasco lograron establecer estos nuevos lineamientos, aunque en otras entidades e inclusive a nivel federal se comienza a palpar como una posibilidad real en los próximos meses.
Incluso en la Ciudad de México ya se analiza su puesta en marcha. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que revisará junto con el Consejero Jurídico, Néstor Vargas, la iniciativa presentada por el diputado local de Morena, Miguel Macedo, para prohibir estos alimentos en la capital.
“El objetivo de una ley de este tipo, si es que es viable, obviamente, es reducir la obesidad, diabetes o hipertensión, pero en particular en los niños y niñas. México es el primer lugar de obesidad en niños y niñas en todo el mundo y el objetivo es reducir este tipo de alimentación para los menores”, comentó Sheinbaum.
Las compras directas realizadas por niñas y niños representan apenas 0.5% de los ingresos de las firmas alimentarias, incluyendo la comercialización al interior de las escuelas, de acuerdo con estimaciones de analistas consultados por EL CEO.
El valor del mercado nacional de golosinas, papas fritas, cacahuates, aperitivos, refrescos y chocolates alcanza los 28,720.5 mdd, según datos de la consultora de negocios Euromonitor International.
Hasta el momento el impacto que tienen sobre las ventas de estas empresas es marginal y representaría muy poco con estos dos estados (Oaxaca y Tabasco) en los volúmenes de las compañías. A nivel nacional ya habría una afectación
dice Marisol Huerta, analista de consumo en Banco Ve por Más.
En tanto, analistas de Monex estiman que el consumo podría verse “limitado en cierto modo”, pero la venta será irrestricta para el consumidor en general.
“Consideramos que la noticia podría generar efectos en el sector, ahora ya en dos estados, recordando que recientemente los resultados del segundo trimestre validaban una clara desaceleración en el volumen, principalmente por los efectos de confinamiento y las limitantes que se presentó en el consumo en el periodo”.
El consumo anual per cápita de papas fritas, botanas, palomitas de maíz, dulces y otros es de 5 kilogramos en México, mientras que para refrescos es de 178.2 litros y de chocolates de 0.6 kilogramos. Así, cada mexicano destinó para estos productos 227.7 dólares en promedio el año pasado, indica Euromonitor.
Con estas cifras, México se consolida como uno de los grandes consumidores de alimentos chatarra a nivel global, al mismo tiempo que su población padece el crecimiento de una escalada de obesidad.
Oaxaca, el precedente
La prohibición de venta a menores de edad se suma al nuevo etiquetado en estos productos como parte de la estrategia gubernamental para combatir la obesidad que afecta a 30% de niños, 40% de adolescentes y 73% de adultos mexicanos, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y la Food and Agriculture Organization de la ONU.
Estas iniciativas nos hacen poner la atención sobre qué alimentación se les da a los niños. Los efectos para mitigar la obesidad infantil no serán inmediatos, pero sí se creará conciencia en los menores y en sus padres de que no son productos buenos para su salud ni que se pueden consumir habitualmente
comenta Katia García, coordinadora del área alimentaria en El Poder del Consumidor.
A principios de agosto, Oaxaca se convirtió en el primer estado en aprobar la prohibición de venta de bebidas y alimentos ultraprocesados a niños y adolescentes. Menos de dos semanas después, el Congreso de Tabasco avaló una iniciativa similar.
El lunes pasado, diputados en Veracruz propusieron medidas equivalentes en la entidad. En tanto, el senador Raúl Paz Alonzo, presentó una iniciativa de reforma para prohibir en todo el país la venta de alimentos empaquetados de alto contenido calórico y de bebidas azucaradas a niñas y niños.
Por cierto, la tensión se intensifica entre las refresqueras y López-Gatell
Ante esto, la llamada cúpula de cúpulas empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), manifestó su “preocupación” a nivel de negocios.
“Esta medida, además de no generar acciones reales para atacar el problema de raíz, daña a las cadenas de valor en plena crisis de pandemia, en particular a los pequeños comercios que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de estos productos”, escribió el organismo en un comunicado.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Tabasco expresó que la decisión “afecta el bienestar de las familias tabasqueñas”.
Entre 1993 y 2018 la industria de los alimentos procesados aportó 13,583 mdp al Producto Interno Bruto (PIB), lo que representó 22.3% de los 60,774 mdp generados en total por la manufactura nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
No obstante, una regulación general de los alimentos procesados parece necesaria por la escalada de obesidad que sufre el país, que afecta al menos a 7 de cada 10 mexicanos, opina Adriana Angélica Ángeles Quezada, especialista en Salud Pública por el instituto Nacional de Salud Pública de México.
Actualmente hay propuestas como la del nuevo etiquetado que buscan reducir esos niveles de pandemia. El objetivo final no es frenar la venta de productos, sino obligar a las marcas a elaborar productos menos dañinos para la salud
comenta Ángeles Quezada.
En México entrará en vigor a partir del 1 de octubre el nuevo etiquetado frontal y de advertencia en los alimentos procesados, después de una amplia discusión entre gobierno, expertos en la materia e iniciativa privada.
Cuestión de salud
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), México es el mayor consumidor de bebidas procesadas y azucaradas en América Latina. Según sus datos, uno de cada 20 niños menores de 5 años y uno de cada tres entre los 6 y 19 años padece sobrepeso u obesidad en el país.
Los mayores índices de este consumo están en los niños de “edad preescolar, que comen alrededor del 40% de sus calorías de esta manera”, mientras que un tercio de los niños y adolescentes mexicanos tienen sobrepeso u obesidad.
El organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también dice que uno de cada ocho niños menores de 5 años padece desnutrición crónica, un malestar público que afecta principalmente a hogares indígenas.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) establece establece en un informe la “apremiante necesidad” de reducir el riesgo para la salud que plantean los productos ultraprocesados por medio de una disminución de su consumo total.
“Esto requiere la implementación de diversas políticas fiscales, así como regulación legal y de otros tipos sobre el etiquetado, la promoción y la publicidad de los productos ultraprocesados”, concluye el informe.
Cuando un paquete de leyes similares a las que se están implementando en México entró en vigencia en Chile, algunos productos reportaron una caída importante en sus ventas.
En el caso de los chocolates, el descenso en los ingresos de la industria formal chilena bajó un 8% en el primer año, mientras que las galletas dulces registraron un bajón del 1.2% en sus ventas totales.
No obstante el cambio obligó a la industria a redirigir sus esfuerzos hacia las galletas saludables, sector que creció 4.4% en el mismo periodo, según Euromonitor.
