El Consejo Coordinador Empresarial, durante los últimos días de 2020, publicó un documento en el que reiteraba al gobierno, la Comisión Federal de Electricidad y reguladores del sector la disposición de las empresas para trabajar en conjunto para reforzar la red de transmisión eléctrica del país. Sin embargo, la visión de que sólo CFE tiene permitido involucrarse con la distribución y la transmisión es una victoria para la administración federal, por lo que esta cooperación difícilmente ocurrirá.

“El gran triunfo ha sido convencer a la gente de que nadie más puede hacerlo, y eso no es cierto. El tema es que no quieren soltar el control porque a través de la transmisión y distribución han impulsado todas sus prácticas monopólicas”, destacó Paul Sánchez, analista del sector.

“Así como la generación y la comercialización de energía están abiertas, también la transmisión y distribución. Lo que está reservado al Estado, y tiene una lógica, es el servicio público de transmisión y distribución”.

Victor Ramírez, otro especialista, recordó que esta administración canceló la licitación de dos líneas que pretendían unirse a la red nacional de transmisión: una de Oaxaca a Morelos y otra de Sonora a Mexicali.

“Estas líneas eran un arrendamiento financiero por 20 años. Quien controla es el Estado, pero pueden tener contratos con privados para la construcción. Si no se han construido líneas es porque el Estado no ha querido o no ha podido”, dijo.

Esta figura de servicio público está concebida en la Ley de la Industria Eléctrica como una cobertura garantizada por el Estado, pero esta misma ley contempla también la eventual existencia de redes particulares.

Estas son todas aquellas que no forman parte del Sistema Eléctrico Nacional, pero el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) tiene la facultad de solicitar la integración de las redes particulares al servicio público, a cambio del pago de una tarifa por su uso, especifica Sánchez.

La figura de líneas particulares ha tenido sus propios retos, y tampoco podría ser impulsada por privados como una solución absoluta a la frágil red nacional actual, pues el gobierno tiene la capacidad de bloquear este tipo de avances desde distintos ámbitos, como los estudios de impacto ambiental o los permisos de vía.

CFE tiene otra motivación para mantener el balance actual. “Un sistema más sólido da la posibilidad de que entren más plantas (de generación). Si no aumentas la capacidad no puede entrar nadie más: es un ganar-ganar para ellos”, lamentó Sánchez.

Para Ramírez, el gobierno tiene muy poco que perder mediante nuevas licitaciones de transmisión a privados, y aún menos después del comunicado del CCE.

“Un punto interesante es que en las licitaciones anteriores participaban basicamente empresas extranjeras. Ahora el gobierno podría haber impulsado medidas de contenido nacional y generar empleos e inversión(…) El único riesgo era que las empresas vieran con desconfianza un nuevo concurso, pero en teoría este riesgo se aminora con esta postura de parte de los privados”, destacó.