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16 de junio 2020 | 5:00 am

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho una costumbre la búsqueda de cambios normativos por cualquier medio posible, especialmente en el sector energético, lo que podría eliminar los avances conseguidos hasta la fecha, y ya empieza a crear conflictos diplomáticos.

Esta situación además resalta la importancia del poder jurídico para defender la integridad de las leyes.

“La administración tiene la instrucción presidencial de realizar los cambios sin tocar las leyes”, explicó Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México. “El problema es que se están dando cuenta de que en algún momento van a llegar al límite de lo que se puede permitir sin una reforma, y el objetivo está claro, pero si logran cambiar la ley, no importa lo que la ley diga”.

Como muestra de este objetivo, Sánchez mencionó la prioridad que el recién publicado Programa Sectorial de Energía 2020-2024 otorga a la promoción de las gasolineras y lubricantes de Pemex.

“Son cosas que van en contra del espíritu de la reforma”, destacó.

Una de las preocupaciones de fondo es la posibilidad de que la siguiente administración también tome la decisión de reformar las leyes que emanen de este sexenio, lo que podría atrapar al sector en un proceso de reformas y contrarreformas que impedirían el avance de las normativas y, por lo tanto, de las empresas afectadas.

La duración de un ciclo de combates legales de esta naturaleza dependería de varios elementos, algunos de ellos políticos. “Va a ser difícil que se vuelvan a dar las condiciones que tuvo este presidente, con mayoría en ambas cámaras”, señaló Sánchez.

El papel del Poder Judicial de la Federación, que ha estado dando amparos a algunos de los jugadores afectados por los cambios propuestos por Presidencia también será importante en un futuro, e incluso ahora ya ha provocado que el discurso del ejecutivo se radicalice más de lo que estaba a principios de sexenio, explicó Santiago Arroyo, abogado experto en el sector energético.

“Esto puede incluso llegar al punto en el que el gobierno decida nacionalizar el sector energético, porque así lo marca la constitución. Cuando las cosas no funcionan, el Estado puede intervenir las instalaciones de infraestructura sin hacer ninguna modificación al marco legal”, señaló.

Arroyo también recordó que estos cambios están afectando la capacidad del país de atraer inversiones en este sector, pues las empresas tienen que considerar la posibilidad de que instalaciones de almacenamiento, generación, o extracción requerirán de la contratación de un abogado especializado y una posible batalla legal con el gobierno federal de hasta 18 meses.

Estas circunstancias ya llevaron a un pronunciamiento por parte del Instituto Americano del Petróleo debido al trato preferencial que recibe Pemex en el mercado de almacenamiento.

Arroyo reveló que los gasolineros nacionales podrían unirse a lo pronunciado en esta carta para solicitar a las autoridades estadounidenses que les otorguen apoyo a aquellos empresarios que están firmados con compañías de aquel país.

En el largo plazo, una reforma estructural con alcances tan profundos como la que planea la administración requiere cambios en la ley de competencia económica, las leyes de Pemex y CFE y las leyes de órganos reguladores.

Estas necesidades podrían explicar los movimientos más ambiciosos de la administración, como la fusión entre CRE, IFT y Cofece.