La postura que la actual administración federal ha tomado frente al sector energético ha provocado que varias empresas participantes pidan a sus empleados que limiten las opiniones que emiten a medios y al público en general, por miedo a ser presa de las represalias que algunos de sus competidores ya han sufrido.

“Te da idea de la posición en la que está uno, y de nuestro lado es un análisis que muchas veces no tiene colores ni preferencias, sino que refleja lo que los datos nos dicen. Desafortunadamente pareciera que a la administración no le gusta lo que dicen esos datos. Para las compañías también es complicado porque la intervención de expertos en medios es branding, pero eso se tiene que sacrificar en pos de la supervivencia”, dijo un analista que prefirió no ser identificado.

El experto indicó que no está clara la extensión de las acciones que la administración está dispuesta a tomar frente a una empresa que percibe como antagónica, pero señaló que la mayoría de las empresas prefieren no averiguarlo en carne propia. Recordó que las suspensiones a permisos de comercialización de hidrocarburos que la Comisión Reguladora de Energía realizó el mes pasado incluían a algunas empresas que el gobierno consideraba “incómodas”.

La derrota que el partido en el poder sufrió en las elecciones del pasado domingo no necesariamente mejora el panorama, pues el gobierno aún tiene muchas herramientas a su alcance que no requieren de la aprobación del Congreso o de algún cambio legislativo.

“Hemos sabido de cancelaciones arbitrarias de contratos en varios subsectores. El gobierno no te dice directamente ‘esta es una línea que no puedes cruzar’, y eso sirve para que cada vez más empresas pidan a sus expertos que no emitan opiniones negativas porque no sabemos cuál va a ser la reacción del Ejecutivo. El problema es que las cosas andan tan mal que es muy difícil hablar de un tema energético sin decir nada negativo, por lo que esto se convierte de facto en una ‘ley mordaza’”, explicó una segunda fuente que también prefirió permanecer anónima.

Los expertos tampoco quieren permanecer en “la banca”, lo que ha llevado a que varios de ellos tengan que recurrir a dar su opinión a medios sin una atribución directa, lo que reduce la eficiencia de su argumento y genera mayores dudas entre lectores, consideraron.

Además de las posibles represalias, la posición preponderante de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad ponen en aprietos a varias empresas en el territorio nacional.

“El problema es que la presencia de las empresas estatales en ambos mercados es tan grande que hacerlas enojar te representa enfrentar la posibilidad de que nunca hagan negocio contigo, lo que limita tus ganancias potenciales como empresa. Es un círculo vicioso, porque su posición de monopolio imperfecto hace que los privados impongan vedas sobre sus empleados. Incluso en Pemex, que tiene mucho más competencia, son pocos los que se cerrarían esa puerta por decisión propia”, dijo una tercera fuente.

Para los expertos consultados, la situación difícilmente mejorará durante este sexenio, pues el presidente ha puesto mucho capital político en su afán de defender a Pemex y CFE, batalla en la que ve a los privados como contrarios.

“No es directamente un obstáculo a la libertad de expresión, sino un escalamiento de consecuencias. Tal vez por eso la situación no tiene la atención que se merece. Ya vimos lo que el presidente puede hacer cuando tiene todo en contra, puedes imaginar su postura cuando no tiene nada que perder”, dijo una de las fuentes.