La entrada en vigor de la política de almacenamiento mínimo ha traído una confusión que ya se esperaba en el sector de la comercialización y venta al público de gasolinas, y ha provocado amparos en contra de ella, aunque estos podrían no proteger a las empresas y terminar en la revocación de sus permisos debido a la inactividad de la Judicatura Federal.
“Con la política de almacenamiento quisimos meter un amparo, y para que lo admitiera el juez fue muy complicado”, reveló César Pereda, director de Grupo PERC.
“Todo el tema de almacenamiento se lanzó al ‘ahí se va’ y al último segundo. Todavía la Sener sacó un manual una semana antes, y en ese momento Pemex definió un precio totalmente fuera del mercado: hasta cuatro veces el precio promedio”.
Son 32 las empresas que han presentado amparos, de las poco más de 800 que podrían solicitarlo, explicó Santiago Arroyo, abogado experto en materia energética.
“Son pocos, y sigue habiendo mucha incertidumbre en torno al tema de los tickets, aunque nadie ha hecho solicitudes a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para balancear el mercado después de la opinión técnica de Cofece”, dijo.
Los amparos siguen detenidos debido a la poca actividad de juzgados como consecuencia de la pandemia, señaló Arroyo, pero estos no solucionarán nada hasta que el Consejo de la Judicatura Federal determine levantar el acuerdo que le previene trabajar durante la contingencia.
“Independientemente de ello, estos procesos tienen una alta probabilidad de que el órgano jurisdiccional los deseche porque la entrada en vigor de las políticas fue el 6 de diciembre del 2019 (por lo que ya habría pasado el periodo en el que una queja sería admisible)”, señaló Arroyo.
El abogado dijo además que, si el amparo no es procesado, es como si no se hubiera presentado, y las políticas siguen vigentes. Debido a esto los quejosos aún son responsables por su cumplimiento.
“En el remoto caso de que el juzgado les otorgue la suspensión, pero ellos compren tickets y cumplan con su obligación, el juzgado va a determinar que es un acto consentido y por ende pierde razón de ser el amparo”, explicó Arroyo.
En caso de que las empresas que solicitaron un amparo decidan no comprar tickets, recibirán una “invitación al cumplimiento” por parte de la CRE, que en caso de ser ignorada podría escalar a un proceso de sanción, que puede ir desde una multa hasta la revocación del permiso.
En teoría, la entrada en vigor de la política de inventarios significa que cada semana los almacenistas tienen que llenar un boletín electrónico que la CRE tiene que poner a disposición de los solicitantes, que son los comercializadores, importadores y distribuidores.
Una de las mayores confusiones al respecto de la política de inventarios fue que el juzgado primero había señalado a Pemex como quejoso y no solamente como tercero interesado, lo que llevó a analistas a pensar que la empresa estatal estaba protegiéndose contra acciones de transparencia para revelar la oferta de almacenamiento que tenía disponible.
La falta de esta información de inventarios hubiera significado un duro golpe para los importadores de gasolina, pues, además de que Pemex hubiera podido establecer su precio sin depender de la oferta, la empresa también hubiera podido pausar la venta en cualquier momento, lo que hubiera podido dejar a algunas empresas sin el respaldo necesario.
El juzgado corrigió su error esta semana y con esto se ha mantenido el silencio de Pemex frente a los nuevos requisitos del mercado.
