La Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos que entró en vigor el primero de julio se encuentra en una especie de limbo.

La decisión de Pemex de no emitir tickets complica las posibilidades del sector de cumplir con la norma, mientras que aquellos que invirtieron en almacenamiento consideran que realizaron un gasto innecesario, pues actualmente no se está monitoreando el cumplimiento.

“La encuesta informal dice que varios distribuidores estaban 100% confiados de que Pemex les iba a emitir tickets, y en el momento que no recibieron respuesta ya fue demasiado tarde para buscar una alternativa”, explicó David Rosales, analista del sector.

“Hay una tranquilidad relativa porque son muchos los que ‘no hicieron la tarea’, por lo que podría venir una nueva prórroga o corrección porque no hay muchas alternativas”.

Rosales señaló que algunas de las empresas que estaban intentando cumplir la política mediante proveedores privados están retrasados porque existen proyectos que no se terminaron o que no cumplieron con su línea del tiempo debido a la falta de permisos.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE), encargada de emitir estos permisos, también ha estado inactiva en el frente de la supervisión, por lo que los grupos que no cumplen con la política no han tenido consecuencias negativas hasta el momento.

La negativa de Pemex a emitir tickets de almacenamiento fue una sorpresa debido a que la empresa es la más necesitada de fuentes alternativas de ingresos, y la venta de tickets parecía una buena opción, explicó Rosales.

La decisión de la compañía podría explicarse de varias formas. La primera es una posible presión política debido al impacto que los almacenamientos mínimos podrían tener en los precios de venta al público de las gasolinas.

La segunda explicación sería la imposibilidad de establecer precios a los tickets sin que Pemex haga público su inventario de almacenamiento, algo que la compañía se niega a hacer.

En cualquiera de los dos casos se trata de una política que contraviene las prioridades del Ejecutivo en el sector energético, por lo que su puesta en marcha podría no ocurrir durante el resto del sexenio.

“Es la razón por la que la norma 05 está siendo tan complicada de implementar”, señaló el directivo de un grupo gasolinero que prefirió el anonimato.

“Nosotros que sí cumplimos con la norma sentimos que fue una inversión innecesaria en un momento económico muy complicado. En pocas palabras perdimos dinero. Por eso ahora hay gasolineras que están esperando la posibilidad de que se detenga la norma 05, porque sabemos que el gobierno puede echarse para atrás y nadie está en posición de estar desperdiciando el dinero”.

La política se encuentra en espera de que Pemex tome una decisión sobre la emisión de tickets, pues el sector privado no se encuentra aún en condiciones de satisfacer la demanda nacional.

Esto podría cambiar con el desarrollo de proyectos que ya están en puerta, aunque la finalización de estos dependerá también de que la CRE vuelva a otorgar los permisos necesarios, lo que parece cada vez más lejano.