El panorama para la industria eléctrica nacional se complica. El plan de negocios de la Comisión Federal de Electricidad, así como una reforma que busca privilegiar a la empresa productiva del estado, dada a conocer este fin de semana, cierran la puerta a cualquier intento de competencia y  de atracción de inversión a México.

Los movimientos representan un beneficio mínimo para los consumidores y los jugadores privados del sector, sostiene la visión de no aumentar la generación, ni modernizar a la empresa.

El plan de negocios, incluso, ve un aumento en la capacidad de transmisión como un riesgo.

El estado mexicano está renunciando de facto a cumplir con los compromisos adquiridos mediante el acuerdo de París, que es una de las cosas más graves

dice Víctor Ramírez, analista del sector

La renuncia a la competitividad del sector energético también es “muy grave”, agrega, porque limita las opciones de atraer inversión extranjera directa a México, sobre todo cuando los potenciales inversionistas comparan al mercado mexicano con otras alternativas.

CFE, además, se ha negado a impulsar una política de modernización y mejoramiento de las líneas de transmisión, argumentando que esto sólo beneficiaría a los privados que generan energía limpia, a los que CFE debe proveer respaldo.

“Realmente el plan no cambia mucho, sólo pone en papel algo que ellos mismos ya habían venido advirtiendo. Lo que están diciendo es que a partir de estos cambios se va a recuperar el control, a seguir apoyando lo que se sabía de forma implícita”, explicó Paul Sánchez, analista del sector.

Sánchez destacó que el documento habla de mantener la mayoría de la generación nacional, lo que pudiera interpretarse como una contradicción, pues la empresa ya controla alrededor del 80% de la energía.

Además es una muestra de que CFE está influyendo en la política nacional, en busca de un “piso parejo”, lo que es difícil de conseguir con una empresa preponderante que controla la totalidad de las redes de transmisión y distribución, además del 80% de los clientes del país.

CFE no está negado a la posibilidad de aumentar su capacidad de generación. Sin embargo, esta energía se genera a precios más elevados que los que la empresa pagaría a privados que generan a través de energía solar o eólica.

De acuerdo con datos oficiales, el precio promedio entre enero y noviembre de 2020 de la energía eléctrica producida por subastas a largo plazo fue de 405 pesos por megawatt hora, mientras que la energía generada por CFE costó 1,435 pesos por megawatt hora.

Esta encrucijada se acerca a ser una “política de estancamiento económico por decreto”, dijo a EL CEO una fuente que prefirió no ser identificada. Para Ramírez, lo más grave es que la falta de inversión podría desencadenar en más eventos, como el apagón ocurrido el pasado 28 de diciembre.

La reforma que viene

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió el fin de semana a la Cámara de Diputados una iniciativa con Proyecto de Decreto, que pretende modificar disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), de manera que a CFE se le asegure el control y privilegio en términos de producción de energía por sobre las empresas privadas.

También resta prioridad a las centrales solares, eólicas y de ciclo combinado, también en manos de privados.

El sistema eléctrico nacional deberá ser alimentado en este orden: en primer lugar, subirse a la red de distribución de energía producida en las hidroeléctricas, en segundo, lo generado en otras plantas de la CFE, en tercero, la energía eólica o solar de particulares y al final, la energía de ciclo combinado de empresas privadas

detalla el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria del 1 de febrero

Las nuevas disposiciones proponen eliminar la obligación de CFE de comprar energía mediante subastas, uno de los primeros mecanismos que el gobierno de López Obrador canceló a dos meses de haber iniciado el sexenio; y también someterá a revisión y revocación de permisos a centrales de autoabastecimiento renovable.

La iniciativa, al igual que las reformas en materia de outsourcing y de recepción de dólares contenida en la Ley de Banco de México, tiene carácter de preferente, para ser discutida en el nuevo periodo ordinario de sesiones, que dio inicio el lunes.