Moody’s: políticas públicas del gobierno de México vulneran a Pemex y CFE
Moody’s Ratings publicó recientemente un informe en el que destacó cómo los cambios regulatorios en los países de América Latina que afectan a los emisores relacionados con el gobierno, específicamente a las empresas estatales calificadas; y mencionó dos casos relevantes: Pemex y la CFE.
Según la calificadora, la legislación y la Constitución de México refuerzan el control estatal sobre los sectores petrolero y eléctrico en el país. En particular, los cambios regulatorios buscan fortalecer el papel estratégico de Pemex (con calificación B3 negativa), aunque estos no resuelven los riesgos crediticios más importantes que enfrenta la empresa.
De igual forma, el gobierno también ofrece apoyo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (calificación Baa2 negativa), pero favorece las decisiones de inversión centralizadas y la garantía de suministro sobre la rentabilidad.
El informe menciona que “las enmiendas a la Constitución mexicana de octubre de 2024 reclasificaron a Pemex y la CFE como empresas ‘públicas estatales’ en lugar de ‘empresas productivas estatales’, y ampliaron las oportunidades del sector privado para invertir en el sector eléctrico. Sin embargo, estos lazos más fuertes también crean riesgos crediticios para ambas empresas”.
Contratos de desarrollo mixto
En cuanto a Pemex, la introducción de planes de inversión bajo las modalidades de “desarrollo propio” y “desarrollo mixto” tiene como objetivo revertir la caída en la producción mediante la participación del sector privado. Sin embargo, Moody’s recalca que el flujo de efectivo negativo, especialmente proveniente de su segmento de refinación que genera pérdidas, limita la capacidad de Pemex para financiar nuevos proyectos de manera independiente.
Sin nuevas inversiones en 2025, la producción de Pemex seguirá una tendencia bajista,
advierte el informe.
Además, las reformas fiscales que simplifican la estructura tributaria de Pemex, con impuestos fijos sobre la producción de petróleo y gas natural, eliminan algunas de sus obligaciones tributarias, pero los pagos fiscales seguirán consumiendo entre 7,000 y 8,000 millones de dólares en 2025 (lo que representa la mayor parte de su EBITDA), lo que restringe aún más su flujo de efectivo libre.
La posibilidad de que el gobierno emita deuda en nombre de Pemex en condiciones más favorables subraya la importancia estratégica de la empresa para el país, pero también aumenta la dependencia de Pemex del apoyo estatal, incluso en un contexto donde sus pagos al gobierno se reducen.
Moody’s: Impulso a inversiones privadas
La participación del gobierno en la CFE y su uso estratégico de la empresa como “herramienta de políticas públicas” apunta a un probable apoyo gubernamental en caso de dificultades financieras. Esta perspectiva es clave, dado que la CFE enfrenta una gran necesidad de inversión para mejorar la calidad del servicio y mantener el crecimiento de la demanda.
Moody’s aclara que “sin inversión privada, la importante cartera de inversiones de la CFE quedaría expuesta a la volatilidad de los precios del gas natural y a riesgos de ejecución, lo que podría socavar su calidad crediticia intrínseca”.
Según el informe, el sector privado contribuiría con 33,500 millones de dólares para agregar 6.4 gigavatios de nueva capacidad a la red eléctrica mexicana para 2030, con el objetivo de generar un 38% de energía limpia.
La calificadora advierte que la incertidumbre generada por la nueva legislación y la reforma judicial podría frenar la inversión privada, justo en un contexto marcado por tensiones geopolíticas e inestabilidad comercial.
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