México estaría en una posición desfavorable si Estados Unidos finalmente decide dar el siguiente paso e iniciar un panel bajo el T-MEC por la controversia en materia energética, consideraron especialistas.
En días previos, la agencia de noticias Reuters reportó que el gobierno estadounidense pretendía dar al mexicano un “ultimátum” en las próximas semanas para llegar a un acuerdo sobre el tema.
El país vecino considera que la política energética adoptada por México es discriminatoria contra las empresas privadas al favorecer a las estatales Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que podría minar los compromisos del tratado comercial tripartita.
De acuerdo con la agencia, los funcionarios perciben un estancamiento en las conversaciones bilaterales a meses del inicio de las consultas en la materia.
Es muy posible que en el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en la Oficina del Representante Comercial (USTR), ya llegaron a la conclusión de que México no se quiere mover, entonces están ya no solo preocupados sino a punto de pedir un panel
consideró Miguel Ruiz Cabañas, profesor en el Tec de Monterrey.
El también exembajador de México consideró que la posición del país sí viola el T-MEC, ya que el acuerdo prevé que a las empresas de sus socios comerciales norteamericanos se les dará lo que se denomina como trato nacional y favorecer a empresas como CFE o Pemex va en contra de ello.
Carlos Ramos Miranda, socio del despacho Hogan Lovells especialista en práctica energética, coincidió en que este aspecto vuelve jurídicamente débil su caso, a pesar de que en el capítulo octavo del acuerdo el país se reserve el derecho de modificar su Constitución.
“Políticamente se tiene una buena posición, jurídicamente el caso de México es endeble porque hay acuerdos internacionales en los que damos cierto tipo de privilegio para dar libre acceso por ejemplo en combustibles o importación de gas y las medidas que el Estado ha adoptado lo están impidiendo”, explicó.
Consecuencias
Si se determina el inicio de un panel, se convocará a expertos para solucionar la controversia, quienes tendrán hasta 180 días para emitir el laudo arbitral.
Una vez que esto ocurra, México deberá adoptar las medidas acordadas, pero si no accede, Estados Unidos —e incluso Canadá, si se suma— tienen derecho de imponer sanciones en la forma de aranceles a los sectores que elijan.
Miguel Ruiz señaló que estas sanciones pueden costar miles de millones de dólares para México.
Sin embargo, Carlos Ramos destacó que incluso iniciando un panel, en cualquier momento los gobiernos involucrados pueden alcanzar un acuerdo a la controversia.
Estancamiento
El 20 de julio, la USTR solicitó el inicio de la etapa de consultas bajo el T-MEC en materia energética por las diferentes medidas que favorecen a las estatales e impactan a sus empresas y “aparentemente minan sus compromisos bajo el T-MEC.
El gobierno enlistó cuatro puntos particulares, como la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 que favorece a la CFE sobre los privados; los retrasos, inacción, negativas y revocaciones de permisos que impiden la operación de empresas privadas en México.
También figura que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) prorrogó el uso de diésel ultra bajo azufre sólo para Pemex y la instrucción de la Secretaría de Energía a la CRE y el Centro Nacional de Control de Gas Natural para requerir que los actuales o futuros usuarios de gasoductos adquieran el energético a las empresas estatales y la imposición de restricciones a la importación del mismo.
La ronda de consultas, al que se sumó Canadá, inició en agosto del año pasado y aunque el T-MEC contempla un periodo de 75 días para llevar a cabo este proceso y alcanzar un acuerdo, este periodo se cumplió sin que se diera un siguiente paso.
Cabe mencionar que en medio del proceso, ocurrió un cambio en el gabinete mexicano, con la renuncia de Tatiana Clouthier como secretaria de Economía en octubre y el posterior nombramiento de Raquel Buenrostro al cargo.
A este movimiento siguieron otros relevos de funcionarios en diversas subsecretarías y otros puestos al interior de la dependencia que involucraron nuevos acercamientos entre las autoridades.
En diciembre, Buenrostro dijo a medios que se encontraban resolviendo una tercera ronda de preguntas como parte del plan de trabajo que establecieron en torno a la controversia, el cual contempló el establecimiento de grupos de trabajo enfocados a propuestas.
En aquel momento, el subsecretario Alejandro Encinas Nájera señaló que ya tenían dos propuestas de solución para solucionar de forma definitiva dos de los cuatro bloques planteados por Estados Unidos, pero no detalló cuáles.
