Que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) haya avalado la reforma de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Ley de Hidrocarburos, es la cereza del pastel en materia de consolidar el sexenio con una política restrictiva hacia la inversión privada, pero también se toma como un comienzo desafiante para la próxima administración federal para atraer capitales en el sector energético.
En entrevista con EL CEO, el coordinador de Energía y Medio Ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Oscar Ocampo, explicó las implicaciones que hay para el sector energético y para el país por la decisión que tomó la Suprema Corte y que dio a conocer en esta semana.
El Poder Judicial mexicano validó los artículos 51, fracción III; 53, párrafo segundo; 57 y 59 Bis, de la Ley de Hidrocarburos, así como Cuarto y Sexto transitorios, del Decreto publicado el 4 de mayo de 2021.
Implicaciones inmediatas
Las modificaciones generan, en primer lugar, que incrementen los requisitos de almacenamiento de hidrocarburos, de acuerdo con Ocampo.
Segundo, le otorgan al Estado mayor margen para la revocación de permisos, se les da mayor poder de toma de decisiones a la autoridad, sin comunicar a las empresas privadas las razones de por qué se revoca o se asigna un permiso, en sí, da lugar a la discrecionalidad.
“El riesgo principal es que se está dando más margen, digamos, a la arbitrariedad para revocar permisos. Creo que ese es el principal riesgo, o sea que se use de una forma discrecional contra las empresas privadas”, comenta.
La situación podría afectar la certidumbre jurídica y elevar los costos operativos de las empresas, introduciendo un grado significativo de incertidumbre.
Aunque también va en línea con la política energética de López Obrador, de favorecer al Estado a través de Petróleos Mexicanos (Pemex) en distintos eslabones de la cadena de los hidrocarburos, como del lado de refinación hasta las gasolineras.
“El objetivo nuevamente es beneficiar a Pemex, que el Estado sea quien tenga mayor participación. Estas políticas serán la herencia al próximo gobierno”, comentó.
Sin sorpresas para el sector privado y sin acceso a amparos: el legado de AMLO
El impacto no solamente se concentra en términos de futuras expectativas sino también se da en el escenario actual de reducción de inversiones.
Una tendencia que, según indica el especialista del IMCO, comenzó años atrás con la implementación de regulaciones que han obstaculizado la participación privada en el mercado de hidrocarburos.
“Es un impacto que ya venimos viendo desde antes, con todas las reglas de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Todo lo que se ha hecho para obstaculizar la participación privada en los mercados de hidrocarburos. El impacto no solamente los veremos en el futuro sino ya lo estamos viendo porque ya se ha reducido la inversión”, comentó.
Como muestra, en ningún año durante el actual sexenio de AMLO se ha logrado sobrepasar los niveles de Inversión Extranjera Directa (IED) destinada al sector energético alcanzados durante el último año de la presidencia de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, en el año 2018, marcando el cierre del gobierno priísta de Peña Nieto, México captó un total de 7,772 millones de dólares en IED destinados al sector energético.
En contraste, bajo la administración de AMLO, el máximo alcanzado hasta ahora en términos de IED para el sector energético se registró en el año 2021 con una captación de 5,731 millones de dólares.
Las empresas ya no pueden acudir a los amparos
El socio Líder de Hogan Lovells en Latam, Juan Francisco Torres Landa Ruffo, también explicó en entrevista con EL CEO que con la decisión de la Suprema Corte, las empresas ya no podrán acudir a los amparos para impugnar la revocación de algún permiso.
“El único otro medio es el de la impugnación. Van a tener, quizá, con el nuevo Congreso, determinar si estos dispositivos son lo mejor para el sector, lo mejor para el país y si no fuera el asunto promover otra iniciativa que los modifique”, señaló.
El abogado anticipa que en la siguiente Legislatura, que arranca en septiembre, se generen grupos que empiecen a abogar a favor del sector privado.
“Los nuevos legisladores, tanto senadores como diputados, van a revisar los cambios y considerar nuevas modificaciones”, añadió.
Escenarios con Xóchitl o Sheinbaum como presidenta
Bajo un escenario donde Xóchitl Gálvez sea presidenta y busque atraer inversión privada, las reformas podrían revertirse en el Congreso, en caso de que exista la voluntad política, pero sí haría que su primer año sea complicada la atracción de capitales por la ley vigente.
Sin embargo, estas modificaciones le beneficiarían al proyecto de Claudia Sheinbaum si gana la presidencia, ya que ella al igual que AMLO buscan que el sector público sea el que tenga “mayor participación, protagonismo en el sector energético”.
“Estaría en línea con su plan energético, es congruente con esta reforma”, explicó.
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