El número de proyectos eólicos y solares que pretenden incorporarse a la matriz energética mexicana cayó 60 y 40% respectivamente, de acuerdo con un estudio de la Agencia Internacional de Energía.
El organismo achaca esta desaceleración en la inversión renovable a la incertidumbre jurídica que se vive en México, aunque algunos especialistas señalan que el impacto de esta condición aún no ha llegado a su cenit.
“Puede ser una combinación entre los efectos de la pandemia, la baja en la demanda industrial de electricidad en México y el panorama de incertidumbre y los cambios regulatorios que se han dado en el país”, destacó Elie Villeda, analista del sector.
Hay otros países que sí consiguieron un crecimiento, por lo que el tema de la pandemia y de la demanda energética no pueden ser las únicas excusas.
Villeda señaló que Colombia, un país que también está buscando añadir energías renovables a su sistema, sí consiguió aumentar sus capacidades de instalación en el mismo reporte, e incluso será suficiente para alcanzar sus metas anuales.
Un analista que prefirió no ser identificado comentó que, más que incertidumbre, lo que está deteniendo a la inversión en México es que existen suficientes trabas para dificultar la erogación de las inversiones que ya se tenían contempladas.
“Si tienes un parque en el que ya estabas pensando traer aerogeneradores este mes, de repente no puedes hacer nada porque ni siquiera sabes si tienes el permiso o no lo tienes, mientras que la CRE no te responde y Sener te da respuesta hasta enero. Esto no es incertidumbre, son acciones concretas”, explicó.
Esto cobra importancia porque muestra que el impacto de las políticas tomadas por el poder Ejecutivo aún no han alcanzado su punto más álgido.
“Lo que es grave es que la incertidumbre también te puede afectar perspectivas de inversiones futuras, cuyas decisiones se están tomando el día de hoy”, dijo el analista. “Esa inversión se podría concretar en dos o tres años”.
Esta semana, medios locales reportaron la cancelación de un proyecto de parque eólico en San Luis Potosí, cuya inversión era cercana a los 700 millones de dólares.
Los expertos destacaron la importancia de esta cancelación debido a lo congestionada que está la zona del Bajío, además de que presenta la probabilidad de que algunos privados cancelen su inversión, incluso aquellos cuyo contrato beneficiaba a CFE.
La baja en las inversiones también son preocupantes desde el punto de vista de la oferta necesaria para satisfacer la demanda energética mexicana.
“Lo que está desarrollando la CFE apenas es en sustitución de lo que se cerró en años pasados, y si la recuperación es en forma de V, como vislumbra el gobierno, se tienen que apoyar en privados para poder cubrir el crecimiento en la demanda que se viene después de 2021”, advirtió Villeda.
El experto señaló que la negativa del Ejecutivo a permitir la entrada de nuevos generadores privados será un choque entre la legalidad y el estado de derecho, cuyo resultado tendrá efectos en el futuro de la matriz mexicana.
