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7 de junio 2019 | 5:00 am

El plan de conectividad universal del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca dotar de internet a las zonas más remotas del país y ofrecer internet gratuito en todos los sitios públicos, no ha resultado un proyecto atractivo de inversión para las empresas del sector de telecomunicaciones ante la falta de incentivos para invertir.

Pese a ello, el gobierno apuesta a que alguna empresa ‘levante la mano’ para desarrollarlo una vez que se emita la convocatoria, prevista para antes de que termine junio. Sin embargo, no descarta que, en caso de no haber interesados, sea una empresa emanada del Estado la que cumpla con el propósito de conectividad.

Recientemente, el gobierno planteó la posibilidad de generar un mecanismo de la mano de la industria para reducir los costos de espectro radioeléctrico, con el objetivo de que repercuta positivamente en materia de cobertura.

Si todos buscáramos un mecanismo en el que el costo fuera menor, con el compromiso de los concesionarios de bajar precios, podríamos ampliar automáticamente la cobertura

dijo Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Sobre la mesa hay dos proyectos que buscan conectar al país bajo un común denominador: la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El primero, la Red Troncal heredada por la administración anterior y orquestada por Telecomm Telégrafos, que busca desarrollar un mercado mayorista de servicios de telefonía, internet y video con 25 mil kilómetros de fibra óptica de la CFE.

Los interesados en este proyecto darán a conocer sus propuestas en agosto próximo, un concurso en el que hasta febrero pasado había cinco empresas interesadas en participar, entre ellas Plan A, GEOS Telecom y C3NTRO.

En tanto, el segundo proyecto liderado por CFE pretende licitar 50 mil kilómetros de fibra óptica para que una empresa privada conecte a las zonas más alejadas y marginadas del país, y como contraprestación, ofrezca internet gratuito en escuelas, hospitales y plazas públicas.

Expertos del sector coinciden en que la falta de estrategia, planeación y política pública para poder ejecutar el plan abonan a la incertidumbre de las empresas.

Es un hecho que las empresas no van a prestar servicios en lugares donde no van a generar ganancias, aunque se podría lograr colaborar con éstas si se generan los incentivos para hacerlo

comentó Michel Hernández, especialista en el sector de telecomunicaciones.

Además, este escenario potencia la idea de que, al final, será el Estado quien asuma todo el peso del proyecto, que contempla una inversión de alrededor de 30 mil millones de pesos, según cálculos del propio López Obrador.

Ante una inminente inversión sin retorno garantizado, aunado a la obligación de conectar en seis meses 8 mil 600 puntos en el país, el negocio “no se ve”.

Esto reduce las posibilidades de que haya postores con la capacidad para ese despliegue, que actualmente solo la tiene Teléfonos de México y no otro competidor

dijo por su parte Rogelio Espinosa, consultor experto en telecomunicaciones.

Empresa Telecom del Estado, ¿un riesgo?

Si bien el diagnóstico de la falta de conectividad en el país es adecuado, el plan de conectividad sin definición apunta a una mala implementación, coinciden expertos.

Es cierto que faltan muchos mexicanos por conectar y que no hay cobertura, pero no es cierto que la propuesta de la empresa estatal sea la mejor opción, que sería un riesgo que pone en duda lograr su objetivo

comentó Jorge Bravo, analista de Digital, Policy & Law.

Además, falta definir el costo del proyecto y qué significa ofrecer “Internet para todos”, elementos que deben complementarse con una política pública para echarlo a andar, añadió Espinosa.

Que el Estado creara su propia empresa sería incosteable, incluso un poco más caro que para cualquier operador privado, por lo que habría que definir una política de cómo pagar ese servicio que llegue a las comunidades que lo necesitan

explicó el consultor.