El gobierno de Donald Trump ha recibido críticas de grupos ambientalistas por su intención de debilitar el Acto Nacional de Política Ambiental (NEPA), la principal legislatura para controlar los efectos ambientales acumulativos de proyectos de infraestructura.
Expertos a nivel mundial han señalado que erradicar esta ley podría tener un fuerte impacto ecológico, sin embargo, en México no existe una ley similar.
El principal cambio a NEPA sería que las agencias encargadas de analizar los proyectos tendrían que enfocarse en efectos “razonablemente previsibles” que tengan “relaciones causales cercanas” a la naturaleza del proyecto.
Esto prevendría, por ejemplo, considerar el impacto de los hidrocarburos que corren a través de los ductos, entre otros efectos acumulativos.
En México se desarrolló un paquete normativo ambiental en 1988 que, a pesar de que se ha ido afinando, no contempla impactos acumulativos.
Para Víctor Gutiérrez, analista energético, al país le hace falta utilizar la figura de evaluación ambiental y social estratégica. Este modelo, que ya funciona en otros países, sería especialmente útil para grandes proyectos como la refinería de Dos Bocas.
Un gran problema de la forma en que se estudian los impactos ambientales en México es el peso que tienen las medidas de mitigación en la posible aprobación de un proyecto, señaló Gutiérrez.
“Es algo que a mí en lo personal no me termina de gustar al 100% porque cualquier obra puede ser aprobada con las medidas de mitigación que tú quieras. Le puedes poner 50 medidas a una obra y es autorizada. El problema puede llegar a ser si no se le da seguimiento a esas medidas”.
La falta de estudios a profundidad también provoca que sea más complicado identificar las áreas de oportunidad.
En el caso del Tren Maya, por ejemplo, Gutiérrez destacó que la carretera que existe actualmente en la península tuvo un alto impacto cuando fue construída, y que las medidas de mitigación del nuevo proyecto podrían reducir el impacto negativo de las vías carreteras, por lo que el saldo total del impacto ambiental del proyecto podría ser positivo.
Un vocero de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción explicó a EL CEO que los estudios de impacto ambiental son complejos porque “dependen de muchos factores y hay leyes estatales, municipales y federales [que tienen jurisdicción dependiendo] de los lugares donde se desarrolle”. Sobre el impacto acumulativo, la Cámara declinó hacer un comentario.
“Esto es incorrecto y peligroso. Debemos asegurarnos de que los nuevos proyectos de infraestructura sean responsables por sus impactos climáticos. Como presidente, me aseguraré de que todos los nuevos proyectos de infraestructura pasen pruebas y sean sujetos a una profunda revisión de su impacto ambiental”.
This is dangerous and wrong. We must ensure new infrastructure projects account for their climate impacts. As president, I’ll make sure all new infrastructure projects undergo a climate test and are subjected to a thorough environmental impact review. https://t.co/aeqbEpIzDo
— Elizabeth Warren (@ewarren) January 8, 2020
En Estados Unidos, The National Public Radio llamó a la iniciativa de modificar NEPA “una de las propuestas ambientales más dramáticas de la administración de Trump hasta ahora”. El razonamiento de la presidencia es que es necesario reducir el “escandalosamente lento y agravante proceso de aprobación federal (de proyectos de infraestructura)”.
La propuesta ha sido aplaudida por representantes de las industrias de combustibles fósiles, ganadería y construcción.
En una carta enviada a la administración el año pasado, un grupo representativo de estas industrias declaró que cada 1,000 millones de dólares invertidos en infraestructura representan la creación de alrededor de 13,000 empleos.
Como muchas otras iniciativas de la administración de Donald Trump, algunos precandidatos han hecho pública su intención de revertir el movimiento en caso de resultar ganadores de las elecciones de este año.
