Recientemente, la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) determinó un ajuste al alza del 9% sobre los ingresos que los grupos aeroportuarios ASUR, GAP y OMA deberán pagar por sus concesiones. Si bien la modificación está pendiente de aprobación en el Senado de la República, han surgido interrogantes sobre el paradero que tendrán estos recursos.
La Ley de Aeropuertos en México indica que los ingresos obtenidos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) se deben utilizar para el mantenimiento de las instalaciones e infraestructura aeroportuaria, aunque pocas veces los recursos se quedan dentro de la industria, explicó a EL CEO Ángel Domínguez Catzín, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM).
En este sentido, el piloto aviador comentó que los recursos obtenidos se podrían traducir en mejores y mayores servicios para el público usuario, pero enfatizó que esta modificación del 5% al 9% de los ingresos de cada grupo aeroportuario se debe determinar con base en un estudio técnico económico.
El gobierno federal debe ser muy claro y decir para qué se necesitan estos recursos, porque pocas veces se quedan dentro de la industria, por lo tanto, el desarrollo de la misma no puede ser exponencial, porque los recursos que genera para el estado mexicano se destinan hacia otros sectores
dijo Domínguez Catzín en entrevista.
Otro argumento que refirió el presidente del CPAM fue que parte de los ingresos se destinarían a los bonos para financiar la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y apuntó que esa es una de las razones por las cuales el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no tiene recursos propios que puedan costear el mantenimiento del recinto.
Respecto a los grupos aeroportuarios, Domínguez Catzín apuntó que estos también deben explicar qué es lo que han estado haciendo con sus ganancias y cuáles son sus planes maestros de desarrollo para generar un mejor servicio para los usuarios y mejores instalaciones en los aeropuertos.
¿Qué representa el ajuste para los grupos aeroportuarios?
El ajuste al alza sobre las contribuciones a las concesiones aeroportuarias podría representar que ASUR, GAP y OMA tomen la decisión de encarecer la TUA, lo que se traduce en que el usuario final es el que pagaría más por los boletos de avión que adquiera.
El capitán del CPAM también comentó que esta modificación manifiesta que las autoridades aeronáuticas en México toman decisiones unilaterales sin consenso, lo que siempre va a representar afectaciones para el público usuario.
En tanto no tengamos las reglas claras y piso parejo para el sector aéreo, seguirán las modificaciones por parte del gobierno. Es lamentablemente la carencia de políticas públicas en la aviación, ya que nos tiene sin certidumbre
dijo.
La semana pasada, los grupos aeroportuarios informaron por separado que estaban evaluando los cambios implementados por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y los impactos que esto pudiera tener en sus resultados de operación y en su condición financiera.
¿Y los pasajeros?
El gobierno federal precisó en días previos que los cambios tarifarios beneficiarían a los pasajeros, al reducir el costo de los servicios aeroportuarios que impactan en el precio de los boletos de avión.
Pero parece ilógico que si el gobierno les dice a los grupos que tienen que incrementar sus aportaciones, estas empresas no van a ver la manera de compensar los cambios, por lo tanto, el usuario es el que terminará pagando la pérdida, dijo Domínguez Catzín.
Hay que ver cómo lo manejan los grupos aeroportuarios, porque lo podrían cargar a los pasajeros (…) La TUA no es un impuesto, pero sí hay tasas de impuesto que podrían incrementar el precio del boleto del avión
agregó.
En tanto, el presidente del CPAM apuntó que si el gobierno quiere democratizar el uso del avión en México tiene que ver cómo se compone el boleto del mismo y analizar si en el país es más caro que en otras regiones de Latinoamérica o bien determinar qué factor es el que encarece el boleto del avión.
De lo contrario, Domínguez aseguró que si se siguen dando decisiones unilaterales sin contexto y sin consensos, el usuario final seguirá pagando más.
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