Ford podría tener que cerrar algunas plantas de automóviles en Estados Unidos tan pronto como la próxima semana, si no reciben los motores producidos en México, dijo el jueves el embajador estadounidense, Christopher Landau.
México es una parte clave de una cadena de suministro internacional más amplia, crucial para los fabricantes estadounidenses de vehículos, muchos de los cuales operan fábricas del lado mexicano, en gran medida, debido a los menores costos laborales.
Landau señaló que un alto ejecutivo de Ford le dijo la noche del miércoles que la armadora de automóviles con sede en Michigan estaba preocupada por los motores producidos en Chihuahua, donde el gobernador Javier Corral ha “limitado al 50% la capacidad industrial” por el coronavirus.
El gobierno federal clasificó a las empresas automotrices, mineras y constructoras como actividades esenciales, y les dio luz verde para reiniciar operaciones en México desde fines de mayo, aunque algunos estados como Puebla y Chihuahua han implementado restricciones más estrictas a medida que avanza la pandemia.
Dicen que comenzarán a cerrar fábricas en Estados Unidos a partir de la próxima semana si no se ponen en marcha,
dijo Landau en un foro organizado por el Atlantic Council en Washington.
Más tarde, Ford dijo que la producción restringida en su planta de Chihuahua “no es sostenible”, y que con sus plantas en Estados Unidos funcionando al 100% no espera ningún impacto industrial la próxima semana.
“Continuamos trabajando con funcionarios del gobierno en formas de reanudar de manera segura y constructiva la producción restante”, sostuvo Kumar Galhotra, presidente de Ford para las Américas y Mercados Internacionales.
En mayo, cuando México señaló que retrasaría la reapertura de sus fábricas, autoridades dijeron que sus contrapartes estadounidenses presionaron por un rápido retorno, argumentando que las plantas en ese país no podrían operar sin muchas de las partes que se producen en territorio mexicano.
Landau agregó que desea trabajar con el gobierno de México y con empresarios estadounidenses para traer inversiones a la región, en momentos en que algunas políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido consideradas poco amigables con la inversión privada.
