Ante el reciente aumento de violencia en Culiacán, cámaras empresariales nacionales advirtieron que ya hay crecientes pérdidas económicas y la posibilidad del cierre definitivo de negocios en la entidad, lo que afectará gravemente a la mitad de los empleos en Sinaloa.
De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Sinaloa cuenta con aproximadamente 585,000 empleos, según datos del IMSS, de los cuales la mitad se concentra en Culiacán.
Indicó que se debe tomar la estimación del Instituto para la Economía y la Paz, que en 2023, la inseguridad en México generó un costo de 4.9 billones de pesos, lo que equivale al 18% del PIB. Sinaloa podría enfrentar un impacto económico similar a lo nacional para 2024.
“Lamentamos profundamente las pérdidas económicas y sociales que esta violencia está generando, particularmente en los pequeños comercios que, tras permanecer cerrados por más de cinco días consecutivos, enfrentan una alta probabilidad de quiebra. Es crucial que se restaure la paz y la seguridad para garantizar la estabilidad de las empresas y el bienestar de la población”, señaló el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre.
Además de manifestar preocupación por la población, la cámara privada señaló que muchos de los comercios establecidos del estado se encuentran “en riesgo de cerrar permanentemente debido a las constantes interrupciones en su operación”.
Datos del censo económico del INEGI de 2019, la actividad económica del municipio asciende a 433 millones de pesos diarios.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que se ha generado un clima de incertidumbre para Sinaloa, poniendo en riesgo la economía local y la estabilidad social.
“La inseguridad en el estado ha llevado al cierre de escuelas y ha forzado a muchos negocios a cerrar sus puertas, para garantizar la seguridad de niños y jóvenes, así como de los colaboradores y clientes.
La Coparmex insistió en que esta situación es insostenible y exige una respuesta rápida, coordinada y comprometida por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal, para devolver la tranquilidad a los ciudadanos.
La Concanaco Servytur pidió a las autoridades restablecer la seguridad en la región, al señalar que no se han contemplado las alertas emitidas por Estados Unidos, y que estas a futuro también tienen un impacto significativo en la confianza de los viajeros extranjeros.
“A pesar de que estas advertencias suelen estar dirigidas a áreas específicas, los turistas muchas veces no logran distinguir entre una región y otra, que genera un efecto negativo para todo el país”, subrayó.
La Coparmex llamó a hacer un encuentro entre los representantes de la sociedad con el gobernador Rubén Rocha Moya, para abrir “un espacio de construcción”.
Crece la demanda de servicios de seguridad privada
En medio de este escenario, hay una creciente demanda de servicios de seguridad privada, reflejo de la preocupación social ante los índices de criminalidad.
Según la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), este sector emplea a más de un millón de personas y representa el 1.8% del PIB de México, lo que lo convierte en la industria de seguridad privada más grande de América Latina, superando a Brasil y Colombia.
“La creciente demanda de servicios de seguridad privada refleja la preocupación social ante estos índices de criminalidad, destacando la necesidad de soluciones efectivas para proteger tanto el patrimonio como la integridad de los ciudadanos”, señaló Elim.
En México, señaló la compañía, existen más de 4,400 empresas de seguridad, de las cuales 2,700 cuentan con licencia federal, estatal o municipal.
La empresa de seguridad privada Elim, en un análisis basado en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revela que los robos a casa habitación aumentaron un 1.9% en el primer semestre de 2024, con 27,341 denuncias.
Sin embargo, el mayor golpe económico lo sufren los negocios, con un aumento del 13.5% en robos, alcanzando 43,715 denuncias, muchos de ellos con uso de violencia. Este incremento en el crimen afecta directamente al sector empresarial, que ya enfrenta una situación crítica en estados como Sinaloa.
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