La sentencia absolutoria dictada a favor del ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, José Antonio Rico Rico, fue cancelada por un tribunal federal, luego de que se omitiera notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que uno de los magistrados había sido reemplazado por una secretaria con funciones de magistrada.
Así, fue otorgado un amparo al titular de la UIF, Pablo Gómez, que forzará a evaluar de nuevo si el empresario, que había estado preso por delincuencia organizada y lavado de dinero en el mismo caso que el abogado Juan Collado, debe ser condenado o absuelto, según un artículo publicado por Reforma.
Cuando se dio la absolución a Rico, la UIF no fue avisada del movimiento del magistrado, tarea que le correspondía al Primer Tribunal Colegiado de Apelación de la Ciudad de México. Este error impidió que la UIF pudiera solicitar que la secretaria en funciones de magistrada se declarara impedida para pronunciarse sobre el caso, de acuerdo con el colegiado.
No se observa constancia alguna que ponga de manifiesto que las partes tuvieron cabal conocimiento de la integración del citado órgano jurisdiccional de segunda instancia. Ante el cambio de integración del Tribunal Colegiado de Apelación para dictar la sentencia, imperaba la obligación de notificar a las partes tal circunstancia, a fin de que conocieran de ello y, en su caso, se diera operatividad a la figura del impedimento si fuese interpuesto
dice el fallo.
No obstante, la sentencia no podrá ser dictada a corto plazo, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha recibido un recurso de revisión contra este fallo, que había presentado Rico, y que fue turnado por el colegiado al máximo tribunal constitucional.
Hace 5 años, el 9 de septiembre de 2019, Juan Collado Rico y José Antonio Vargas Hernández fueron aprehendidos por lavado de dinero y delincuencia organizada, acusados de haber simulado la compra del edificio sede de Caja Libertad en Querétaro por 156 millones de pesos. La detención ocurrió en Matehuala, San Luis Potosí, y ambos fueron ingresados al Reclusorio Norte.
La FGR acusó que se trataba de una simulación debido a que se presumía que Rico era accionista de la inmobiliaria que vendió la propiedad a la empresa financiera, pero el dinero de la compraventa fue enviado a compañías vinculadas al mismo y a una cuenta de Collado.
Luego de que un juez federal condenara a 15 años de prisión al exdirectivo de Caja Libertad, el 29 de diciembre del año pasado el Primer Tribunal Colegiado de Apelación abolió el castigo y absolvió a Rico por falta de pruebas.
Por ello, el titular de la UIF presentó un amparo que finalmente ganó en el Quinto Tribunal Colegiado Penal, por lo que ahora este fallo tendrá que ser resuelto por la SCJN.
Con información de Reforma
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