El entorno empresarial mexicano no escapa al flagelo de la inseguridad. En 2024, casi el 45% de las empresas del país reportaron haber sido víctimas o enfrentado intentos de fraude, casi la mitad de las que hay en México.

Según el informe Impacto de los delitos financieros en México 2024, entre los fraudes más recurrentes están el conflicto de interés lidera con un 55%, seguido del robo de identidadcon un 44%, la malversación de efectivo con un 35% y el robo de activos con un 32%. 

El estudio elaborado por la firma KPMG y que abarcó a más de 100 líderes empresariales en 15 estados de la República Mexicana, indicó que estas cifras evidencian que el fraude no solo es una realidad extendida, sino que sus modalidades son cada vez más variadas y sofisticadas.

El golpe de la estafa

El golpe de la estafa no termina ahí. Un 16% de las compañías afirmaron haber sufrido corrupción, con impactos que en algunos casos superaron los 5 millones de pesos. Mientras que 22% de las empresas admitió que no pudo calcular el daño financiero sufrido. 


“Esa incapacidad para cuantificar el impacto del fraude es preocupante y refleja la falta de procedimientos adecuados para responder ante este tipo de delitos”, advirtió Daniel Ortiz, director de Forensic en KPMG México en conferencia virtual de prensa este 21 de octubre.

La situación se agrava con el alza en los ciberataques, donde cuatro de cada diez empresas han sido víctimas de este tipo de delito, siendo el phishing la modalidad más común.

Además, el robo de identidad corporativa y la suplantación de proveedores son otras tácticas en auge, exponiendo a las compañías a vulnerabilidades cada vez más complejas.

La prevención del fraude

El informe de KPMG apunta que la mayoría de las empresas no están preparadas para enfrentar estos riesgos; seis de cada diez no reciben capacitaciones en materia de prevenir los delitos financieros.

Solamente 24% ha recibido capacitación en la prevención de delitos financieros, mientras que temas cruciales como el bluewashing, el greenwashing y el pinkwashing —fraudes ligados a derechos humanos, sostenibilidad y compromisos LGBTQ+— apenas cuentan con esfuerzos formativos, poniendo a las empresas en una posición vulnerable ante la creciente sofisticación de estos engaños.

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