La Comisión Reguladora de Energía (CRE) revocó este mes 185 permisos relacionados con la comercialización de petrolíferos. Las empresas afectadas incluyen algunas que nunca hicieron uso de los derechos que los permisos les conferían, pero también empresas extranjeras con subsidiarias en otros subsectores petroleros, así como una compañía señalada por fraude fiscal.
“Es una mezcla de todo. Esta dinámica que se vio en las últimas semanas fue aprovechada por la CRE de alguna manera para mostrar músculo como institución y demostrar su utilidad al gobierno de la República, cumpliendo con el mandato de Rocío Nahle que quería ‘poner orden’ en el sector”, dijo Santiago Arroyo, abogado experto en el sector.
Arroyo destacó que algunas empresas extranjeras fueron afectadas por estas revocaciones, sobre todo aquellas que tienen filiales en el sector eléctrico o de generación, en parte como represalia por los amparos contra los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica.
Otras empresas afectadas son permisionarios que sólo tramitaron su permiso de comercialización, pero no completaron los requisitos legales para operar dentro de la ley, por lo que no estaban haciendo uso de sus derechos, explicó Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético.
“Son permisionarios que obtuvieron el permiso pensando que era una oportunidad, pero que nunca tramitaron un padrón sectorial ante el SAT ni un permiso de importación ante Sener. Muchos especularon y, cuando los trámites se complicaron, los dejaron inconclusos. Yo tengo conocimientos de algunos porque eran mis clientes y no los usaron”, explicó Díaz.
Arroyo calculó que este es el caso de entre 35% y 40% de los afectados, aunque Díaz aseveró que el porcentaje podría ser aún mayor.
Entre los permisos revocados destaca el de Karina Melissa Guerrero Rodríguez, que en meses recientes había sido señalada por voces del sector debido a prácticas inusuales y presuntamente ilegales. Para Arroyo es curioso que este permiso haya sido revocado por “caducidad”, pues la empresa probablemente está en posición de demostrar que sí tiene un flujo importante de comercialización.
CRE publica en DOF caducidad de 69 permisos para comercializar hidrocarburos https://t.co/WLOLulpfnI
— onexponacional (@OnexpoNacional) May 21, 2021
Daniel Salomón, asociado de la firma González Calvillo, destacó que los procedimientos de la CRE tienen errores, pues es la Comisión y no los permisionarios la que tiene la obligación de demostrar la falta de participación en el mercado.
“No es necesario demostrar ventas para demostrar que se ha utilizado el permiso. El derecho que te da el permiso es a ofrecer (…) habrá casos de comercializadores que sí ofertaron y no lograron ventas. Lo que yo te diría es que la carga de la prueba la tiene la autoridad, que tiene que fundar y motivar la resolución”, destacó Salomón.
El experto dijo también que la CRE parece confundida en sus términos, pues el incumplimiento en la presentación de reportes puede ser motivo de sanciones económicas o incluso de revocación, pero en este caso la sanción no sería por ‘caducidad’ de los permisos. El problema es que probar que un permisionario no está haciendo uso de sus derechos es muy complicado.
Salomón señaló que esto no cambia con la nueva Ley de Hidrocarburos y explicó que el “exceso” de permisos no es un problema para el mercado, pues conlleva más entes sujetos de obligaciones de pago, que están en condiciones de aumentar la competencia en el sector.
Los tres expertos sostuvieron que las acciones de la CRE demuestran que no hace falta una reforma a la Ley de Hidrocarburos si se pone a trabajar de forma adecuada al regulador.
“Antes de pensar en una revocación por falta de utilización de derechos se puede actuar por los medios idóneos: con un requerimiento para revisar su situación, garantizar una audiencia e iniciar los procesos correspondientes si de verdad no han cumplido con sus obligaciones”, expuso Salomón.
