Las tarifas máximas que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) busca implementar en la distribución de gas natural mediante ducto, difícilmente contribuirá a incrementar la cobertura del hidrocarburo en el país.
El regulador envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) un anteproyecto que propone un esquema de “Control de Rentabilidad Máxima”, además de incentivos y la eliminación de barreras tanto administrativas como económicas.
Sin embargo, analistas y organismos consideran que las medidas no contribuirán a aumentar la penetración de gas natural en el país ni incentivarán a distribuidores, pero sí podría impactar a los usuarios finales de bajo consumo.
Un cambio de reglas no parece generar los incentivos adecuados, no queda claro qué pretenden conseguir; lo que dicen que quieren conseguir es tener más usuarios, pero con esas reglas difícilmente lo van a lograr
dijo en entrevista Eduardo Prud’homme, socio de la consultora Gadex.
De acuerdo con la “Prospectiva de Gas Natural 2018-2032” elaborada por la Secretaría de Energía, en 2017 el país consumió 7,611.9 millones de pies cúbicos día (mmpcd) de gas natural, de los cuales el sector eléctrico representó el 50.8% de la demanda, mientras el industrial, residencial y servicios significaron apenas el 22.8% en conjunto.
Medidas desincentivan la inversión
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) vio positiva la intención de reducir la carga administrativa, pero advirtió que las medidas arriesgan la viabilidad económica de la distribución, desincentivan la inversión y expansión de las redes, reduce la oferta de gas natural y motiva sustituirlo por otros combustibles.
“El esquema planteado por la CRE pretende fijar tanto la rentabilidad que el permisionario puede obtener sin garantizar la misma, como la tarifa que debe cobrar; es decir, el permisionario no tiene ningún incentivo ya que se somete a una doble fijación de los parámetros más importantes de su negocio”, manifestó la cúpula empresarial.
La Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) dijo en los comentarios que el anteproyecto “no representa una mejora regulatoria, ya que se mantiene la mayoría de los trámites y tampoco se incentiva la expansión de las redes de distribución actuales, ni se promueve el desarrollo de nueva infraestructura”.
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Rodrigo Rosas, analista senior de Wood Mackenzie, apuntó que la experiencia previa ha demostrado que los topes tarifarios no son la medida más efectiva y citó el caso del límite de precios al gas LP, que no han reducido significativamente su precio.
Empresas impactadas
De implementarse el anteproyecto, empresas de distribución de gas natural como Naturgy, Metrogas, Engie, Gas Natural del Noroeste y Finsa estarían entre las afectadas.
El impacto está relacionado a cómo se van a manejar los topes máximos de transporte, porque las distribuidoras prácticamente viven de ofrecer este servicio de distribución, y muchas de las proyecciones las hacen con base en las tarifas que tienen planeadas, si les ponen una menor a las proyecciones, su rentabilidad se ve afectada
expresó Rodrigo Rosas, analista senior de Wood Mackenzie en entrevista.
En sus comentarios, Naturgy y Metrogas mencionaron que la regulación debería obedecer las premisas establecidas en la Ley de Hidrocarburos, “que las contraprestaciones, precios o tarifas de los permisionarios deben permitir la obtención de una rentabilidad razonable, que refleje el costo de oportunidad del capital invertido, el costo estimado de financiamiento y los riesgos inherentes del proyecto”.
Las empresas propusieron mesas de trabajo para plantear escenarios regulatorios que incentiven el crecimiento de redes de distribución y permitan llevar el servicio a más usuarios residenciales, comerciales e industriales.
Gas Natural enfrenta complicaciones para ampliar cobertura
Para el sector industrial, el gas natural sí es el combustible fósil más demandado, pero en los sectores residencial y de servicios cae al tercer lugar, por detrás del gas LP y de la leña.
Prud’homme expresó que Gas Natural ha enfrentado varias trabas para crecer su cobertura a través de los años, como el decreto para bajar los precios del gas LP en 2005, durante el sexenio de Vicente Fox, que lo hizo artificialmente más barato que el natural.
Otros obstáculos han sido barreras por parte de autoridades locales para la instalación de la infraestructura, así como las condiciones de comercialización poco competitivas, en parte derivado de que en el país la misma empresa se encarga de la comercialización y distribución por la falta de legislación complementaria.
Con la reforma de 2014 los ductos se hicieron abiertos y permitieron mayor comercialización. En teoría podrías comprarle tu gas a una empresa y pedirle a otra que te lo llevara. La CRE no ha hecho toda la regulación para concretarlo
agregó el analista Prud’homme .
