CRE gas lp

7 de junio 2021 | 5:00 am

La reciente alza en los precios del mercado del gas licuado (LP) han llevado a que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador presente la idea de que sea la Comisión Reguladora de Energía (CRE) quien establezca un precio máximo, lo que aumentaría la regulación a uno de los mercados más liberalizados del sector energético. Sin embargo, aunque la intervención no sería injustificada, podría tener efectos adversos.

“El presidente ya trae el tema en su agenda y ha dicho con frecuencia que le interesa estabilizar los precios para que no se incrementen por encima de la inflación. Creo que el hecho de que lo haya incorporado a su discurso implica que la política es prioridad, porque el gobierno cree que las recientes alzas se deben a que los distribuidores están ampliando su margen de ganancia, lo que es una fuerte crítica a la apertura del mercado”, explicó Arturo Carranza, analista del sector.

Carranza dijo que gran parte del gas que se vende en México es importado, por lo que las alzas se deben parcialmente a problemas de infraestructura relacionados a la reciente tormenta invernal, que limitó la oferta.

También advirtió que hay problemas de orden en el mercado, lo que fue señalado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en el reciente anuncio de una investigación a sus participantes. Sin embargo, consideró que una intervención en los precios máximos no es la mejor herramienta al alcance de la autoridad.

“La CRE lo que debería hacer es procurar que los precios del gas LP se publiquen con transparencia y oportunidad, no realizar una intervención directa. Tiene que dejar que los participantes analicen su eficiencia y su cadena de valor para detectar oportunidades de negocio a los comercializadores y clientes. Esto es un reto histórico en el mercado porque no se publican los precios de internación y distribución”, explicó.

Carranza dijo que, además de afectar y distorsionar profundamente al mercado, la intervención de la CRE tendría retos normativos, pues seguramente requeriría de una nueva reforma a la ley de hidrocarburos, e incluso una reforma constitucional, y no podría ser ejecutada sólo con base en una disposición administrativa de la propia Comisión o de la Secretaría de Energía.

La atención del gobierno al mercado del gas LP resulta sorpresiva por el tamaño relativo de este, sobre todo al tomar en cuenta la participación que ha perdido frente al gas natural, explicó Santiago Arroyo, abogado especialista en el sector.

“El problema que identifica la Cofece es causado precisamente por la falta de pluralidad que existe en otros mercados como el de la gasolina. Esto da a entender que existen cotos de poder comercial en ciertas empresas, e incluso se podría comenzar a hablar de monopolios imperfectos. En esto hay culpa de Cofece porque no ha sido rigurosa en su actuar, pero tampoco puede ir más allá de emitir opiniones para empezar a repartir sanciones, entonces también es culpa de la legislación inicial”, detalló el abogado.

Arroyo dijo que, si la Cofece detecta situaciones que están afectando a los consumidores será de nuevo la CRE quien tenga el mandato de tomar medidas compensatorias. “Esta situación se puede remediar, independientemente de la intervención de los reguladores, con la emisión de un mayor número de permisos”, dijo.