La crisis económica generada por el coronavirus provocaría el cierre de más de 2.7 millones de empresas y la pérdida de unos 8.5 millones de puestos de trabajo en América Latina, estimó este jueves la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal).
Del total de empresas que podrían cerrar, casi 2.6 millones corresponden a microempresas, el sector más vulnerable de la cadena productiva de la región, indicó la Cepal, un organismo técnico de las Naciones Unidas con sede en Santiago, al presentar un estudio sobre la situación de las empresas de la región durante la pandemia.
El impacto según la Cepal será muy diferente dependiendo del sector y el tipo de empresa. Por ejemplo, rubros como el comercio y los hoteles y restaurantes, que cuentan con una gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas, serán las más golpeadas.
De acuerdo con el estudio, el comercio perderá 1.4 millones de empresas y cuatro millones de puestos de trabajo formales, mientras que el turismo perderá por lo menos 290,000 empresas y un millón de puestos de trabajo.
“La crisis golpea con mayor intensidad a los sectores industriales potencialmente de mayor dinamismo tecnológico y, por lo tanto, profundizará los problemas estructurales de las economías de la región. Esto significa que, si no se implementan políticas adecuadas para fortalecer esas ramas productivas, existe una elevada probabilidad de que se genere un cambio estructural regresivo que conduciría a la reprimarización de las economías de la región”, advirtió Alicia Bárcena en la presentación del informe.
El coronavirus ha dejado alrededor de 2.6 millones de contagiados y más de 119,000 muertos en América Latina, y llevaría a la economía de la región a caer este año 5.3% según estimaciones de la propia Cepal.
Para enfrentar esta complicada situación, la Cepal lanzó cuatro propuestas referidas a ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas, así como cofinanciar la nómina salarial de las empresas durante seis meses para evitar la destrucción de capacidades, realizar transferencias directas a los trabajadores autónomos y apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas.
