Las políticas energéticas del gobierno han tendido hacia el aumento en el control del sector, contrastando de forma directa con las políticas del sexenio anterior.
Ahora, el establecimiento de un piso y un techo en el precio de la gasolina se mira como una posibilidad para impulsar el consumo una vez que termine el periodo de aislamiento, aunque expertos advirtieron que enviaría malas señales a los inversionistas.
“No somos partidarios del tema, pero es mejor que se conozca la posibilidad. Sobre todo porque todos los lunes en la mañana Profeco hace un análisis y nota que los precios no están a la baja porque hay estaciones de servicio que mantienen precios elevados fuera del mercado. El tema energético es prioritario para esta administración y la herencia petrolera seguramente continuará con la siguiente administración”, explicó Carlos Vallejo, Compliance officer de Lexoil Consultores.
El experto reveló que conocen casos en los que el precio por litro de la gasolina varía hasta cuatro pesos en tramos de un kilómetro, por lo que “pareciera que algo no está funcionando o alguien no quiere dejar de seguir ganando”.
La administración ha hecho un llamado a los gasolineros a bajar sus precios, en respuesta a la baja de tarifas que Petróleos Mexicanos ha ejecutado en sus ventas de primera mano y esto no necesariamente se ha visto reflejado al consumidor.
A pesar de la entrada al mercado de otras marcas gasolineras, Pemex sigue siendo el proveedor de alrededor del 90% del consumo nacional entre gasolina refinada en el país y gasolina importada.
La disminución de precios de primera mano, de acuerdo con Lexoil Consultores, comenzó el 10 de marzo y ha alcanzado un alrededor de un 18% con respecto a enero de este año.
El proceso para establecer una banda de precios aprobados dependería del análisis del marco normativo actual en materia de hidrocarburos y petrolíferos.
La ley de Hidrocarburos en el artículo 124 permite a Hacienda, Secretaría de Energía y la Secretaría del Bienestar instrumentar programas de apoyo focalizados para garantizar “el suministro adecuado a precios asequibles de combustibles de consumo básico en zonas rurales y zonas urbanas marginadas”.
La decisión del gobierno de mantener los niveles del IEPS y permitir que bajaran momentáneamente los precios de la gasolina funcionó como una medida preventiva ante una eventual baja en la demanda por la poca movilidad que requeriría el actual aislamiento.
Ahora, un mayor control regionalizado de los precios podría actuar como respuesta ante la posible baja en el poder adquisitivo de algunos mexicanos debido a la crisis económica. La medida, además, tendría un impacto más directo en la población más marginada, una prioridad para la administración.
Diversos analistas resaltaron que actualmente el precio de importación de la gasolina ronda los cuatro pesos por litro, y consideraron que un aumento en la demanda nacional tendría que obedecer a este concepto por encima de la “soberanía nacional”, por lo que el porcentaje de gasolina importada podría pasar del actual 75% a números por encima del 85%.
