Banco Ahorro Famsa. Fotoarte: Cristian Laris

15 de julio 2020 | 5:00 am

La liquidación de Banco Ahorro Famsa aún tiene en la incertidumbre a cientos de ahorradores que ahora buscan recuperar su dinero. Las malas prácticas financieras llevaron al banco a ser declarado en quiebra por las autoridades financieras el 30 de junio.

El banco daba financiamientos a personas relacionadas con Grupo Famsa, su matriz, pero no los registraba como créditos, sino como cuentas por cobrar, con lo que evadía la regulación de las consideraciones contables de la cartera de crédito y de las reservas crediticias. Además, entregó información falsa del índice de capitalización.

Así, el 1 de julio, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) quedó a cargo del proceso de liquidación, cierre y traspaso de los recursos de los ahorradores. Pero el portal que puso en funcionamiento para atender a los ahorradores presentó varias fallas durante algunos días.

El expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo, ha asesorado a cerca de 400 ahorradores de Banco Famsa. Entre los principales problemas que enfrentan destaca que muchas personas no saben cómo utilizar una computadora, que es el único medio por el que pueden reclamar sus recursos.

Cuando ya saben cual es el proceso, ingresan al portal del IPAB y aún es lento, además de que en algunos casos no les regresa el comprobante, ni reciben el correo electrónico con los datos que requieren. En las sucursales de Famsa, la única información que reciben es que deben ingresar a la página del IPAB.

El banco tenía 580,774 ahorradores, de los cuales 578,320 tenían un saldo menor o hasta 9,000 pesos, por lo que sus depósitos están 100% garantizados de acuerdo a la ley.

A los 2,454 clientes que tenían depósitos superiores, se les cubrirá el equivalente a 400,000 UDIS (2.58 millones de pesos al 1 de julio), y para intentar recuperar un porcentaje del resto de sus ahorros deberán esperar la convocatoria para registrarse como acreedores del banco.

Las personas con depósitos por hasta 9,000 pesos deben obtener un código de seguridad en el portal del IPAB; si el proceso es exitoso, les llegará una cadena de 12 dígitos en un mensaje de texto su celular, la cual debe ser ingresada junto con los primeros cuatro dígitos en las practicajas de BBVA Bancomer.

En una entrevista para el programa radiofónico Bitácora de Negocios, Rubén Lechuga, director general de Visitas de Inspección del IPAB, comentó que esta estrategia fue acordada en el entorno de la pandemia de COVID-19, que ha llevado a los bancos a operar a 35% de su capacidad.

“Con un poco de paciencia vamos a poder hacer el reembolso de los ahorros muy pronto”.

Los ahorradores con depósitos mayores a 9,000 pesos recibirán un cheque a su nombre en el domicilio registrado ante Banco Famsa. Antes de hacer el cobro, tendrán que ingresar al portal del IPAB y solicitar la activación para confirmar su recepción. Una vez activado deberán esperar dos días hábiles para depositarlo en una cuenta bancaria a su nombre.

Algunos ahorradores han manifestado por medio de redes sociales que hay errores en su dirección registrada ante el banco o los códigos postales han cambiado, para lo que deben acudir a las sucursales del banco a hacer los cambios correspondientes.

“He hablado con personas que tienen ahí todos los ahorros de su vida, adultos mayores, trabajadores que tenían 3 o 3.5 millones de pesos, que realmente no los convierte en personas ricas, vivían de los intereses y ahora les van a regresar entre 2 y 2.5 millones”, comentó Di Costanzo.

El expresidente de la Condusef señaló que asesoró a una persona que hizo un depósito al banco en la última semana de junio.

Me parece una gran omisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que le permitieran a una persona depositar esa cantidad sabiendo que el banco iba a quebrar en esos días

dijo Di Costanzo.

En este contexto, las autoridades han dicho que hasta el 30 de junio, día en que ofrecieron la conferencia de prensa (Hacienda, la CNBV, el IPAB y la Condusef) para anunciar la liquidación, el banco tenía la posibilidad de inyectar capital.

El Consejo de la CNBV había sesionado el 30 de junio por la mañana y los accionistas del banco tenían hasta antes de la conferencia para hacer una inyección de capital y evitar la liquidación, pero no lo hicieron.

Por otro lado, algunos ahorradores que no están 100% cubiertos con el seguro, han dicho que demandarán al IPAB para obtener todos sus recursos; sin embargo, la ley es clara respecto a la protección de las 400,000 UDIS.

“Les he dicho que los procesos son muy largos, que tienen la opción de formarse y esperar a recibir lo que se pueda rescatar. Pero que no se dejen engañar pensando que existe un proceso rápido, ninguno es rápido y tampoco ninguno les garantiza la devolución de 100% de sus ahorros”, comentó Di Costanzo.

El exfuncionario indicó que en el caso de que quieran demandar la opción recae en señalar “la negligencia de la CNBV”, ya que además las autoridades pudieron haber otorgado un préstamo a Banco Famsa, a cambio de acciones del banco, antes de optar por la quiebra.

En tanto, de acuerdo con Ruben Lechuga, de los casi 61,000 millones de pesos con los que cuenta el IPAB –recursos que se obtienen de las cuotas de los bancos–, van a ser utilizados poco menos de 25,000 millones de pesos para pagar a los ahorradores del banco.

Al cierre de la edición, la CNBV no atendió la solicitud de entrevista y el IPAB indicó que lanzará una campaña en radio y televisión por lo que no otorgarán entrevistas.

Grupo Famsa, la matriz de Banco Ahorro Famsa, informó el martes por la noche que presentó una solicitud de retiro voluntario del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, al que se había apegado unos días antes de darse a conocer los malos manejos de su unidad financiera.

El proceso de retiro voluntario responde principalmente al proceso de revocación de la licencia bancaria, ya que modifica el entorno bajo el cual se ampararon los términos y condiciones de la votación de propuesta del plan de refinanciamiento que la empresa había planteado para el pago de los bonos.