Por la aprobación de la reforma energética de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que busca modificar el estatus legal de las empresas energéticas, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) considera que por esta medida el país podría perder su atractivo para inversiones. Además, se estima que el país no tendrá la capacidad para satisfacer la demanda eléctrica.
Por medio de un análisis de la iniciativa, el instituto señaló que habrá cinco consecuencias: la primera se relaciona con que se enviará un mensaje de incertidumbre jurídica que no solo se limitaría a las inversiones directamente afectadas, sino que se reflejaría en toda la economía nacional “como un mensaje de que el Estado mexicano no tiene un compromiso creíble”.
Segundo, al desincentivar la entrada de nuevos jugadores en el mercado de generación eléctrica, ya no habrá reducción de costos eléctricos.
“Este riesgo se agudiza en un entorno de relativa poca inversión en generación eléctrica. Mientras que entre 2013 y 2018 se autorizaron 54,500 millones de dólares en inversiones en generación, entre 2019 y 2024 únicamente se autorizaron 13,400 millones.
La tercera consecuencia de la reforma energética, es que al favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se prevé un impacto negativo en la transición energética, porque los privados no querrán invertir en energías renovables.
Cuarto consecuencia, limitar los mecanismos de inversión privada existentes en la transmisión y distribución eléctrica (asociaciones público-privadas o instrumentos financieros como los CKD, Cerpi o Fibra E) obligaría a la CFE a modernizar por sí sola la infraestructura de redes.
Mientras que el quinto punto, que traerá consigo la reforma energética, tiene que ver con que eliminar el mandato de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la CFE de crear valor económico y rentabilidad, “permite que se operen con pérdidas y cause un daño a la hacienda pública”.
Los cambios que propuso AMLO en la reforma energética
Según el análisis del Imco a la reforma energética, la modificación al artículo 25 plantea cambiar la naturaleza de las empresas productivas del Estado por la de empresas públicas, en especial la CFE-
El cambio en el artículo 27 consiste en cancelar las posibilidades de inversión privada en la transmisión y distribución eléctrica.
“Se agrega que las empresas privadas en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad”.
La modificación al artículo 28 se centra en que el servicio de internet que provea el Estado al listado de áreas estratégicas, y se establece que los objetivos de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética y proveer electricidad al menor precio posible.
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