La reciente declaración del presidente López Obrador sobre los subsidios a los contratos de generación eléctrica representa el último capítulo de una serie de diferencias que han puesto en duda el futuro de la transición energética y que incluso podría provocar una mayor carga a la red eléctrica nacional.
“Se van a revisar algunos contratos, porque hay subsidios que se les entregan a las empresas particulares(…) Por ejemplo, no pagan nada por la transmisión de la energía que producen, eso corre a cargo de la Comisión Federal de Electricidad”, dijo el Presidente en respuesta a una pregunta de los medios.
Sin embargo, CFE no puede simplemente elevar el costo previamente acordado para la transmisión, pues al tratarse de un monopolio natural, sus ganancias totales están reguladas. Debido a esto, si la compañía decide cobrar más por estos contratos tendría que ajustar a la baja el costo de todos los demás, explicó Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México.
Además, este ajuste podría provocar descontento en los proveedores de energía, debido a la ruptura de las condiciones originales del contrato. Este descontento llevaría a una renegociación como la que ocurrió con los contratos de los siete gasoductos, o incluso a un litigio.
Este ajuste no elevaría las ganancias de CFE de forma directa, pero sí podría provocar que algunas empresas sean incapaces de pagar los créditos que solicitaron para construir sus instalaciones de generación, lo que las obligaría a parar operaciones.
Esto no necesariamente significa que las empresas que actualmente acuden al autoabasto volverían a contratar los servicios de CFE, pues el mercado cuenta con otras opciones igualmente atractivas, señaló Víctor Ramírez, analista del sector energético. Además, si estos clientes regresaran a la red de CFE, representaría una carga más a la ya copada red eléctrica nacional.
Los autoabastos renovables, principales objetos de la crítica de López Obrador, representan alrededor del 2% de la capacidad instalada en México. La totalidad de los autoabastos representa menos del 5%.
Sánchez señaló también que la idea de CFE es generar el 100% de la demanda energética las 24 horas del día, y que es por esto que ven a las energías renovables como un lastre operativo que les reduce participación en el despacho, visión que es un error administrativo.
Las diferencias entre gobierno e iniciativa privada fueron realzadas por el “Reporte anual de potencial de mitigación de riesgo de GEI”, publicado por Secretaría de Energía. En él se establecen proyecciones de capacidad de generación instalada para los próximos 13 años.
“Las dos fuentes de energía que más están creciendo en el mundo son la eólica y fotovoltaica. [El documento] está previendo que para 2022 no se instale nada de fotovoltaico, a pesar de que ahora lleva un ritmo de crecimiento de alrededor de 230 MW por año. Tampoco hablan de generación distribuida”, explicó Ramírez. De acuerdo con el experto, estas cifras sólo tendrían sentido si se le prohibiera a la iniciativa privada generar energía, situación que luce prácticamente imposible.
Otro dato importante es que el reporte habla de una cantidad de generación con carbón que sólo sería posible si se instalara una carboeléctrica con capacidades distintas a las que existen actualmente.
La iniciativa privada ha mencionado en varias ocasiones que la capacidad instalada renovable en nuestro país crecerá aún sin subsidios o subastas, pero el gobierno federal parece decidido a mantener una visión energética que mira hacia adentro y da ventajas a los generadores públicos, aunque esto retrase la transición energética.
