La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) es una forma de “expropiación indirecta” y, de ser aprobada, aumentará del precio de todos los productos y servicios en México, así como en un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo en un comunicado el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El organismo advirtió, además, que la iniciativa intenta impedir la competencia en el sector eléctrico nacional de forma arbitraria, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica.
“Es inexplicable la presentación de esta iniciativa, sin diálogo previo con los sectores afectados, pues abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis provocada por la pandemia. Además, rompe la promesa del presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración”, expresa el comunicado.
El organismo señaló que el cambio en el marco legal abre la puerta para una expropiación indirecta de las plantas privadas para generar un monopolio de CFE en el despacho de electricidad, en contra de la Constitución.
Destacó que los cambios atentan contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto acuerdos comerciales de protección de inversiones y medio ambiente, como el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. Esto, pronosticaron, provocará que las empresas afectadas inicien procesos de arbitraje internacional.
La iniciativa, además de contravenir las garantías de certeza jurídicas, de debido proceso y de contratación pública, viola la no retroactividad de la ley, lo que tendría un impacto en inversiones que ya han realizado empresas nacionales y extranjeras, lo que tendría que resarcirse mediante indemnizaciones estatales, advirtió el Consejo.
“(La propuesta) va en contra de lo resuelto por el propio poder judicial federal, ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2019, y que han sido suspendidas definitivamente por el poder judicial mexicano, al considerar que podrían violar derechos constitucionales de forma irreversible”, recordó el grupo empresarial.
El CCE exhortó al poder legislativo a “una reflexión profunda” y a rechazar esta iniciativa.
