CAME, afectados piden que el Estado asuma responsabilidad por omisiones de la CNBV
Afectados por la Sofipo, Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME), cuestionan el papel que ha desempeñado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en la regulación de entidades financieras que han quebrado. Bajo el argumento de operar bajo “discrecionalidad”, por ejemplo, la CNBV logró librarse de la responsabilidad social en un caso anterior, el de Ficrea.
Los representantes legales de los defraudados por CAME esperan que su situación –ahora– sea diferente.
En entrevista para EL CEO, Edward Martin Regalado, representante legal de los demandantes de CAME y socio y fundador de Regalado & Galindo Abogados, señaló que el cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con nuevos jueces, magistrados y ministros, permitirá contar con una nueva interpretación respecto a la responsabilidad del organismo supervisor.
Asimismo, recordó que en el caso de Banco Famsa, se sentó el precedente judicial de que una supervisión irregular por parte de la CNBV sí puede desembocar en responsabilidad patrimonial del Estado.
Es un contexto propicio para volver a poner sobre la mesa la supervisión de la CNBV
comentó el litigante.
Puntualizó que las autoridades judiciales deben considerar la existencia de un problema sistémico, en el cual, las siglas de la CNBV aparece constantemente. Además de los casos de CAME y Ficrea, la supervisión del organismo también fue cuestionada en las operaciones fraudulentas de Caja de la Sierra Gorda.
La discrecionalidad no significa arbitrariedad y tampoco irresponsabilidad
sentenció Regalado.
¿Qué sigue en el caso de CAME?
El pasado 10 de septiembre, un grupo de 60 ahorradores defraudados por CAME presentó una demanda colectiva de responsabilidad patrimonial en contra de la CNBV; sin embargo, el abogado de los demandantes dejó en claro que no será la única y este mismo mes estaría llegando una segunda denuncia.
Resaltó que si bien la CNBV habla de 1.3 millones de ahorradores que han pérdido su patrimonio, la realidad es que no se tiene un número exacto de afectados.
Entre las peticiones de los defraudados se encuentran el resarcimiento del daño material, que asciende a más de 160 millones de pesos; el daño moral, que involucra las afectaciones psicológicas que los usuarios de ese sistema financiero han sufrido; y una indemnización de daños punitivos, la cual implica una sanción ejemplar para la CNBV con el objetivo de evitar casos similares.
Regalado ha dejado en claro que la única forma de recuperar el 100% de los ahorros de los defraudados es a través de la demanda por responsabilidad del Estado, ya que el seguro únicamente cubre 212,000 pesos por persona.
El abogado espera que aproximadamente en un año el caso esté entrando en la última instancia.
Mientras tanto los demandantes seguirán realizando acciones para manifestar su inconformidad ante el poco o nulo avance dejado por las mesas de diálogo en donde autoridades como la CNBV y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no brindan información del quebranto de CAME.
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