La pretensión de cancelar el contrato de Pemex con la planta de Etileno XXI obedece a un mal cálculo por parte de la petrolera y es un mal necesario que se está llevando a extremos poco aconsejables para el Gobierno Federal, lo que una vez más podría mermar la confianza de inversionistas y crear problemas dentro del sector energético en México.
“Pemex quería hacer esta planta pero no tenía dinero. Sobraba etano y se desperdiciaba al volverlo a inyectar a los ductos. Lo que sobraba era suficiente para alimentar a esta planta”, señaló Adrián Calcaneo, director de midstream y líquidos de IHS Markit.
“El problema es que las proyecciones de Pemex fueron equivocadas: ellos no esperaban que ocurriera una caída tan rápida de la disponibilidad de etano”.
La construcción de infraestructura estaba basada en encontrarle lugar a un sobrante, y la atracción de la inversión requería una garantía de suministro a un precio competitivo, pues los inversionistas también tienen la opción de fijarse en otros países. “La petroquímica crea muchos empleos, y al gobierno también le interesa generarlos”, dijo.
El contrato señala también que Pemex es responsable de reembolsar el costo de la planta y la inversión a Braskem-Idesa.
Calcaneo destacó que el contrato no era catastrófico originalmente, pues Pemex estaría ganando mucho dinero de la planta si se hubieran cumplido los pronósticos iniciales. Sin embargo, la empresa no pudo haber previsto la explosión del shale en Estados Unidos, que cambió la relación tradicional de precios entre el gas natural y el etano.
Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México, considera que la objeción de López Obrador es más “moral” que de flujo económico, y que la decisión podría estar motivada por una “injusticia” percibida desde el Ejecutivo.
La administración de López Obrador ha hecho “un gran trabajo”, según Calcaneo, para relacionar la planta de Etileno XXI con el caso Odebrecht, pese a que la empresa solo es dueña de la tercera parte de Braskem-Idesa, la compañía con la que se firmó el contrato original.
El presidente @lopezobrador_ señaló que el contrato del complejo Etileno XXI se debe cancelar por ser leonino. Además, indicó que con el caso de Emilio Lozoya se debe recuperar lo que se obtuvo de manera ilegal y devolverlo a la nación.#ConferenciaPresidente pic.twitter.com/WfBrZZSust
— SENER México (@SENER_mx) August 17, 2020
Braskem – Idesa comentó recientemente que hasta la fecha el contrato sigue vigente, pues el gobierno no le ha extendido notificación alguna sobre la cancelación del contrato con Pemex.
El desacuerdo es complejo, porque fue Pemex la que sugirió los precios y decidió los descuentos que fueron otorgados originalmente.
“El consorcio fue creado y la planta construida con estas condiciones. Es común que cualquier contrato tenga penalizaciones si no se toma el suministro, pero también si no se suministra lo acordado”, explicó Calcaneo.
Una fuente con conocimiento de la situación que prefirió no ser identificada destacó que el contrato sí fue criticado desde el momento de la firma, y que en ese entonces resultaba obvio que se estaba vendiendo con demasiado descuento. Que las penalizaciones eran demasiado altas, comparadas con las que Braskem tendría que pagar, y que incluso se sospechaba de corrupción al interior de Pemex.
Calcaneo destacó que la gente de Braskem-Idesa no busca cobrar penalizaciones, sino tener el volumen acordado de etano para poder operar su planta al 100%.
“En un mundo ideal se encontraría una solución óptima para ambos lados, pero Pemex tiene sus plantas operando a mínima capacidad y no tiene el etano necesario, e incluso lo tiene que importar”, dijo.
Sánchez y Calcaneo coincidieron en que era necesario realizar cambios porque la situación no era sostenible para Pemex, pero ambos criticaron la aproximación de López Obrador de amenazar a las empresas antes de sentarse a negociar, algo que compararon con la estrategia comúnmente utilizada por Donald Trump.
“Se puede llegar a un acuerdo si Braskem-Idesa está dispuesta, porque no es algo que se solucionará en el corto plazo. (Un litigio) podría tardar años en resolverse, y Braskem perdería flujo y no tendría la posibilidad de pagar ciertas inversiones, eso es lo que la empresa tiene que poner en la mesa para decidir, a pesar de que tenga posibilidad de ganar un arbitraje”, destacó Sánchez.
