La Cámara de Comercio de Estados Unidos criticó este viernes la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar cambios a la Ley de la Industria  Eléctrica (LIE), y los calificó como “profundamente preocupantes”, argumentando que violan los compromisos que México adquirió bajo el T-MEC.

“El cambio a la legislatura mina la confianza de inversionistas extranjeros en el momento en que México emerge de su peor contracción económica desde la Gran Depresión”, dijo Neil Herrington, Vicepresidente de la Cámara para las Américas, en un comunicado.

PIB de México se contrae 8.5% en 2020.

Cambios tan drásticos abrirán la puerta para reinstaurar un monopolio en el sector eléctrico, y creemos que contraviene directamente los compromisos de México bajo el tratado,

dijo Herrington

El T-MEC entró en vigor el pasado mes de julio, supliendo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994.

La iniciativa preferente enviada por el presidente López Obrador al Congreso el pasado lunes es la última en una serie de pasos tomados por el gobierno para reforzar el rol del Estado en el sector energético.

La Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) han impulsado acuerdos de confiabilidad que, dicen, ayudan a garantizar menos fallas en el grid eléctrico y disminuyen la cantidad de respaldo energético que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe proveer a los generadores limpios.

Bajo las nuevas reglas, la energía limpia sería la tercera en ser despachada, dando preferencia a las plantas generadoras propiedad de la CFE.

Sin embargo, analistas del sector energético han criticado la falta de mecanismos para que los generadores provean su propio respaldo, y han resaltado que la postura federal obliga a la empresa estatal a despachar energía más cara, absorbiendo la disparidad mediante subsidios.

La iniciativa también elimina el carácter obligatorio de las subastas energéticas, que no han ocurrido durante esta administración.

El presidente ha sido un crítico vocal de los esfuerzos de pasadas administraciones por abrir el sector energético, calificando las nuevas circunstancias como innecesariamente favorecedoras al sector privado.

El comunicado de la Cámara estadounidense se une a la condena publicada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quienes señalaron a la iniciativa como una especie de “expropiación indirecta”.