El sector automotriz es uno de los más importantes para la economía de México, al aportar 3.8% del PIB en 2019. Al mismo tiempo, empresas automotrices han adquirido algunos de los compromisos más ambiciosos en materia energética a nivel mundial, por lo que la iniciativa de cambios a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que dificulta que los privados procuren su propia generación eléctrica, pondrá en jaque el futuro de las armadoras en territorio nacional.

“Estamos enfocados en las emisiones de nuestras operaciones de manufactura, donde estamos comprometidos al uso de 100% energía renovable para 2040, una década antes de nuestra meta previa. Consistentemente reafirmamos estos puntos a nuestros empleados globales y otros interesados, incluyendo legisladores, reguladores y accionistas”, dijo General Motors en un comunicado el año pasado, en el que anunciaba sus planes.

Actualmente, las armadoras de GM en México funcionan con cerca de 40% de gas natural, por lo que tendrían que procurar fuentes renovables de energía. El problema es que la iniciativa de cambios a la LIE comprende la desaparición de los autoabastos, una de las opciones más viables para una empresa de estas características.

“En los transitorios, la iniciativa preferente de la ley dice que se revocarán los permisos por un lapso administrativo. Con esto, la CRE va a decir que todos los autoabastos están en fraude a la ley y van a revocar los permisos de generación, aunque no los contratos que tienen con sus clientes. Esto traerá demandas y amparos, pero mientras tanto no existe un permiso de generación”, explicó Alfonso Gutiérrez, de la consultora Antuko.

Predice que esto se traducirá en problemas para los tenedores de los actuales permisos, que tendrán que negociar para entrar al mercado eléctrico o al contrato legado de CFE, de la misma forma en que van a funcionar los Productores Independientes de Energía (PIEs).

(En este escenario) GM ya no tiene energía porque su generador está en litigio y ellos necesitan cumplir con sus metas de energía, y la única alternativa que tienen es buscar a un suministrador calificado que tenga una bolsa de renovables y les pueda firmar un PPA (acuerdo de compra de energía)

Otra opción sería convertirse en usuarios calificados participantes del mercado y firmar PPAs con generadores limpios, destacó Gutiérrez.

El problema es que los PPAs garantizan que la capacidad de generación estará disponible en la red, pero no garantizan que el Centro Nacional de Control y Energía (Cenace) despachará la energía renovable, pues según el actual despacho, esta no tiene prioridad.

En este caso, para fines prácticos, GM estaría funcionando con energía no renovable, lo que no está en línea con sus planes.

El otro problema es que el plan del gobierno federal es eliminar los autoabastos y los permisos privados para la generación, al tiempo que CFE instalará sólo ocho de los 14GW que el PRODESEN plantea sean añadidos a la red para 2024.

“Si no hay seguridad de poder cubrir sus contratos, ¿cómo va a ser el inversionista privado la fuente de esta capacidad que falta en la red?”, cuestionó Gutiérrez.

Analistas del sector automotriz esperan que otras marcas sigan los pasos de la empresa estadounidense, al menos por cuestiones de óptica sobre responsabilidad social, por lo que el problema no está limitado a una sola empresa.

Estas metas seguramente incluirán también a proveedores y miembros de la cadena de valor de las armadoras, lo que resulta un problema para algunas de las empresas más pequeñas involucradas en los procesos.

“General Motors conoce la fuente de nuestra energía eléctrica porque es una pregunta que ha sido incluida en nuestros contratos más recientes. La dirección de nuestra empresa sabe que existe la posibilidad de que eventualmente GM nos exija una generación totalmente limpia, cosa que en este punto la incertidumbre no nos permite garantizar”, dijo a EL CEO el directivo de un proveedor de GM que pidió no ser identificado, por no estar autorizado para hablar sobre el tema.

Dijo que la afectación a cada eslabón de la cadena será distinto, dependiendo de elementos como el tamaño y ubicación geográfica de las operaciones de manufactura.

“Nosotros tenemos muy poca competencia en México y no creemos que sea viable económicamente para GM importar nuestras piezas y perder ese porcentaje de contenido nacional, pero hay fabricantes más pequeños que dependen de un contrato de esta naturaleza, y no poder garantizar las condiciones que se están solicitando pone en riesgo su supervivencia”, advirtió.

Estas plantas, con requerimientos especializados de energía, conocen el riesgo de la entrada en vigor de los cambios propuestos a la LIE, por lo que sus abogados ya se encuentran listos para presentar amparos apenas haya una publicación en el Diario Oficial de la Federación, señaló Santiago Arroyo, abogado experto en el sector.

“Ya habrá esqueletos de la demanda y sólo será esperar a lo que sigue, y el parlamento abierto ha dado indicios de que los cambios van. Se solicitarán suspensiones provisionales como una primera defensa, y existen pruebas suficientes para mostrar la inconstitucionalidad de coartar los derechos de personas físicas y morales”, dijo Arroyo.

Arroyo destacó que, al ser un tema ambiental, las solicitudes tienen que ver con derechos humanos y tendrían prioridad en los juzgados. En caso de obtener la suspensión, cualquier acción al respecto por parte de Sener o Cenace caería en desacato.

Si ambas vías fallaran, las empresas extranjeras todavía tienen otro as bajo la manga: la búsqueda de un arbitraje internacional bajo acusaciones de expropiación indirecta o faltas a tratados de comercio.

“Si el gobierno de México no atiende, como empresa internacional tengo al alcance de la mano mecanismos para buscar que se sancione a funcionarios que incurran en faltas, lo que podría enviarlos a la cárcel o provocar que todos los actos que lleve a cabo sean nulos de pleno derecho”, dijo el abogado.