La decisión de la administración de Donald Trump de relajar los controles a emisiones automotrices en territorio estadounidense se encontró con la protesta de gobiernos estatales, principalmente el de California, y dividió opiniones entre fabricantes de la industria, que temen tener que realizar inversiones extraordinarias para crear modelos que puedan comercializarse en todos los mercados.
El cambio impacta al último gran pilar ambiental de la era Obama que seguía en pie, y compromete a las armadoras a aumentar su eficiencia un 1.5% de forma anual hasta 2026, comparado al 5% que garantizaba la legislatura anterior.
Se calcula que el cambio aumente el consumo de petróleo en alrededor de 2,000 millones de barriles y que cueste alrededor de mil dólares extra a cada dueño de un vehículo, aunque la administración dijo que espera una reducción a los precios de los vehículos por esa misma cantidad.
El cambio también ha tomado tintes políticos después de que Trump tuiteara que este “ayudará a los trabajadores automotrices del país”, trabajadores que representan un porcentaje importante de la población en estados vitales para la reelección del próximo noviembre.
My Administration is helping U.S. auto workers by replacing the failed Obama Emissions Rule. Impossible to satisfy its Green New Deal Standard; Lots of unnecessary and expensive penalties to car buyers!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2020
El estado de California ha dicho que promoverá un acuerdo estatal que solicitará a las automotrices respeten los controles existentes previamente con el objetivo de reducir su impacto ambiental. Volvo, Ford, VW, BMW y Honda ya se han comprometido a acatar este texto, que ha tenido fuerte oposición de parte de otras compañías como GM y Toyota.
“Es un pataleo de las armadoras para que no se les obligue a desarrollar otro producto. Sí va a ser más caro este desarrollo y en México seguramente llegarán los modelos más parecidos al estándar de Estados Unidos. El tema económico podría llevar a que algunos fabricantes dejen de comerciar en ciertos territorios de Estados Unidos”, explicó Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México.
California es solo el rostro de la oposición, pero no es su totalidad: otros 22 estados se han unido a los planes de retar la reforma, lo que se coloca peligrosamente cerca de la mitad de la Unión Americana. “La reacción de los fabricantes llevará a un análisis californiano para ver si la política está funcionando o si hay otro tipo de afectaciones que obliguen a modificar”, consideró Sánchez.
“Estados Unidos es una federación real y los estados tienen muchos poderes. Lo que puede pasar es que pudieran haber más estados replicando el modelo y, cuando la federación quiera hacer algo, se encuentre con una oposición más fuerte. Cuando sean 25+1 hará sentido hacer un cambio a la Ley Federal”, dijo.
California es, por sí misma, una de las economías más grandes del mundo y ha liderado el camino hacia la transición energética con el apoyo a la generación limpia y una legislatura que obliga a la instalación de paneles solares y la mayor eficiencia energética.
