La situación en la que la política energética de la administración federal ha puesto al sector se agrava aún más por la inacción de las más importantes asociaciones privadas de la industria, quienes han sufrido para encontrar un frente único de batalla que satisfaga a todas las empresas que representan.
Sin un frente unido, muchos de los jugadores más pequeños se encuentran imposibilitados de encontrar una defensa viable ante la postura oficial.
“Tenemos que entender cómo son y cómo funcionan las organizaciones. Hay dos tipos de empresas que están dentro: empresas muy grandes, cuyo juego es el largo plazo y las empresas pequeñas que están más desesperadas porque se está terminando su flujo de efectivo”, señaló a EL CEO una fuente que prefirió no ser identificada.
Advirtió que para empresas grandes, cuyos planes de inversión en México comprenden los 30 o 50 años, los cuatro años restantes de este sexenio son un periodo que se puede aguantar con las condiciones actuales. Sin embargo, las empresas que tienen menos inversiones en el país están siendo obligadas a “salirse o quebrar”.
La disyuntiva entre estos dos tipos de jugadores sería la razón por la que asociaciones como Asolmex, AMDEE, Coparmex o el CCE han criticado las políticas adoptadas por el gobierno sin establecer estrategias claras de defensa jurídica o política.
“Las empresas grandes están ganando mucho la discusión, impulsando a que las asociaciones tomen una actitud más pasiva frente a los cambios. Eso ha generado que en AMEXHI se salgan algunos asociados”
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— AMEXHI_Oficial (@AMEXHI_Oficial) January 18, 2021
El diario Reforma también ha reportado problemas al interior de Asolmex. Otras asociaciones están sobreviviendo, pero ninguna de ellas tiene mucha claridad en cuanto a cuál será su posición, explicó la fuente.
Las pequeñas empresas que están descontentas son libres de abandonar los grupos a los que pertenecen para formar los propios. Sin embargo, corren el riesgo de ser vistos como el “hermano pequeño” de las organizaciones que abandonen, lo que limitaría su poder de negociación.
Otro de los problemas para que las asociaciones establezcan un frente unido, señaló el experto, es que muchos de ellos son competencia directa, y se ven perjudicados o beneficiados de forma distinta por las acciones del gobierno federal.
“Los amparos, en su mayoría, no fueron impulsados por las asociaciones. Las asociaciones tienen intereses en común, pero eso no significa que todos sean comunes. En el primer acuerdo de confiabilidad, por ejemplo, todo el gremio salió junto, pero en el caso de los autoabastos todos son competencia. Es una jugada perfecta para el gobierno porque las asociaciones no pueden defender intereses divergentes”, destacó la fuente.
Las empresas que representan intereses idénticos tampoco pueden formar nuevas asociaciones porque también corren el riesgo de ser vistas como grupos menos importantes, lo que imposibilita de facto que la industria tome un frente común contra la política energética de la administración de López Obrador.
“Hay que ponderar muy bien la pertinencia de tomar acciones legales. La volatilidad de la justificación de estas medidas complica la reacción porque el razonamiento es cambiante. Estamos a expensas (de las decisiones de gobierno), y es donde no se ve un contrapeso de poderes por parte de las organizaciones gremiales para impulsar una defensa o un freno. Y ese impulso tiene que venir desde la industria”, advirtió Santiago Arroyo, abogado experto en el sector.
