La iniciativa de reforma a la Ley de Aviación Civil enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, que contempla modificaciones al cabotaje, no solo resulta inconstitucional, sino que además pone a Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobus y Aeromar en una situación desventajosa, incluso en riesgo de quiebra, frente a aerolíneas extranjeras.
El contexto bajo el que se da la propuesta, además, es de suma complejidad para las aerolíneas mexicanas, tras el impacto de la pandemia y de la degradación a la Categoría 2 en seguridad aérea que puso freno a planes de negocio como la apertura a nuevas rutas, principalmente hacia Estados Unidos.
Es indiscutible que el cabotaje le quitaría mercado a las aerolíneas mexicanas, y las implicaciones de la iniciativa, en estricto sentido, terminan siendo que las aerolíneas nacionales pudieran quebrar
comentó a EL CEO Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas (INIJA).
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México, con grandes desventajas frente a EU
Una de las principales desventajas de las aerolíneas mexicanas frente a las extranjeras ante una eventual reforma para competir bajo un nuevo marco es la capacidad financiera, comentó por su parte Fernando Gómez Suárez, analista económico especializado en la industria aérea.
En ese sentido, explicó que si bien “no se trata de comprar aviones”, el financiamiento que se otorga en México para la adquisición de aeronaves, motores y para sostener la capacidad de trabajo es diametralmente distinto que en Estados Unidos.
Postura de ASPA de México respecto de permitir cabotaje en México. pic.twitter.com/DxNjVuhXGA
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A esto, se suma la brecha de flota, pues mientras México cuenta con 353 aeronaves en conjunto para vuelos comerciales con itinerario fijo y capacidad mayor a 40 pasajeros, Estados Unidos tiene una flota de alrededor de 1,000 aeronaves, lo que revela una “capacidad operativa apabullante”.
A las desventajas operativas y financieras se suma la gubernamental, que se refiere a los subsidios que cada gobierno en cada país otorga a sus respectivas ‘aerolíneas bandera’ o ‘aerolíneas insignia’, que es la forma en la que la mayoría de aerolíneas opera en Estados Unidos, pero que en México no existe.
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Mayor competencia, duradera solo a corto plazo
Si bien la finalidad de la iniciativa de López Obrador es promover la competencia, para Gómez Suárez, de darse una reforma, sí se daría un momento en el que los pasajeros podrían tener beneficios y ventajas al tener más opciones, con lo que idealmente bajarían los precios de los vuelos.
No obstante considera que esto resultaría contraproducente para México ante las ventajas de Estados Unidos a nivel financiero, operativo y gubernamental. Y si bien no descarta que en un inicio podría disminuir el costo de ciertos boletos, ninguna aerolínea tiene la capacidad de mantener descuentos, rebajas y promociones a largo plazo.
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En su opinión, las aerolíneas con mayor capacidad financiera tendrían más probabilidades de que un escenario de competencia sea rentable, sin embargo, descarta que ese modelo sea sostenible y menos para las firmas nacionales, dadas las condiciones que viene arrastrando la industria aérea desde hace años.
La situación de las aerolíneas podría empeorar dependiendo de la situación que tengan, pero si se ponen a competir en esa guerra tarifaria de bajos precios, a la larga la industria va a tener repercusiones serias, como ya ha pasado en otros países
aseguró Fernando Gómez Suárez
Reforma ‘a todas luces’ inconstitucional
El primer revés para las aerolíneas mexicanas ante una eventual aprobación de reforma a la ley radica en los costos legales en que tendrían que incurrir para recurrir a un amparo, aunque con altas probabilidades de obtenerlo.
Esto, debido a que la aviación a nivel mundial se regula por convenios bilaterales y multilaterales en los que está prohibido el cabotaje y de los que México forma parte, los cuales se derivan a su vez del convenio de Chicago de 1944.
El artículo 133 de la Constitución mexicana establece que todos aquellos convenios internacionales que sean suscritos por el Estado mexicano y aprobados por el Senado se considerarán “Norma Suprema de la Unión”, es decir, una ley constitucional.
Lo anterior significa que la prohibición de que se haga cabotaje es una norma constitucional en México, lo que revela que la técnica jurídica de la iniciativa “está mal hecha”, puesto que no se modificaron previamente los acuerdos y convenios internacionales.
Aerolínea de AMLO, otro problema
Este escenario se agrava con el plan del titular del Ejecutivo de crear una aerolínea de Estado que dependa de Sedena y que esté subsidiada con recursos públicos, beneficios y trato privilegiado por encima de las aerolíneas nacionales, reiteró Casas Lías.
La ‘aerolínea para el pueblo’, una propuesta del primer mandatario mexicano, sería un proyecto con financiamiento del erario público, pues a decir de Gómez Suárez, “no se ve por dónde tenga recursos para poder operar, tener aeronaves y capital de trabajo”.
Al respecto, agregó que de convertirse en una realidad esta idea, a menos de dos años de que termine la actual administración “sería un perjuicio” dado que tendría que determinarse cuántas y cuáles rutas se van a establecer, así como el número y tipo de aeronaves, elementos ni estructura con la que se cuente actualmente.
El especialista explicó que una aerolínea trabaja con un mismo tipo de aeronave, y en este caso, la intención de la aerolínea es armar su flota con aeronaves del Estado Mayor Presidencial y tipo jets.
Agregó que, en este sentido, el modelo de negocios no aplica para la conformación de una nueva aerolínea, pues no se opera así.
“Además, la invitación que pudiera hacerse por parte del gobierno a diferentes países para que visiten o establezcan rutas en México tampoco, porque tendrían que darse de acuerdo a la demanda del mercado”, finalizó el analista independiente.
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