ArcelorMittal estimó que alrededor de 300,000 toneladas de acero de una mina ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, permanecen paradas debido a un bloqueo iniciado el 25 de mayo por parte del sindicato de mineros, movimiento que la compañía calificó como “ilegal”.
Los empleados afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana han protestado en el acceso a las instalaciones contra la distribución anual de utilidades entre la plantilla ––que se entrega normalmente en el mes de mayo–– decidida por la empresa para 2023.
La compañía siderúrgica, que registró un beneficio neto ajustado a 4,900 millones de dólares (mdd), dijo a Reuters que las autoridades laborales de México no han respaldado la huelga.
Además, ArcelorMittal desconoció la huelga desde que inició, dado que sostiene que el reparto de utilidades se hizo conforme a la ley. En tanto los paristas respaldaron la legalidad del movimiento y, además del reclamo por el pago, piden la reinstalación de 50 trabajadores despedidos.
ArcelorMittal busca negociar con el sindicato
Ante la huelga, ArcelorMittal ha dicho que se encuentra en negociaciones y mesas de diálogo con el sindicato, donde se les ha presentado propuestas para resolver el conflicto, entre las que destacan el pago de un bono adicional pero las conversaciones han sido infructuosas.
Se ha estado negociando, hay mesas de diálogo, ya hubo propuestas, incluso se les pagó un bono adicional con la finalidad de que reanudaran las actividades. Ni siquiera de esa manera han querido soltar las instalaciones
afirmó ArcelorMittal.
Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) instó a las autoridades a encontrar una solución al conflicto y advirtió que la protesta podría impactar en diversos sectores del país, particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.
La Canacero señaló que la interrupción de labores impacta las cadenas de valor que integran los productos que fabrica ArcelorMittal en México y Estados Unidos, por lo que pidió al sindicato y a las autoridades que “encuentren una pronta resolución al conflicto”.
Por su parte, Alfredo Ramírez, gobernador de Michoacán, se reunió con la sección 271 del sindicato para escuchar sus inquietudes y, al término de la reunión prometió una mesa de trabajo para llegar a acuerdos.
Con información de Reuters y La Jornada
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