México sigue impulsando proyectos de fractura hidráulica (fracking), pese las promesas de campaña del Presidente López Obrador.
Miembros de la sociedad civil llaman a que se cumplan estas promesas, pero la prohibición de la tecnología representaría mayores costos de producción que incluso podrían resultar catastróficos para Pemex, de acuerdo con expertos.
Desde 2013 que nos constituimos como colectivo, lo que hemos pedido es una prohibición total de la práctica. Consideramos que sería lo más adecuado, considerando que el Presidente lo estableció como uno de sus 100 compromisos: el número 75. En varias ocasiones él ha señalado que esta práctica no se llevará a cabo en México e incluso que ya está prohibida, lo que no es del todo cierto
Beatriz Olivera, investigadora de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar y miembro de Alianza Mexicana contra el Fracking
Olivera señaló que esta tecnología se ha utilizado en México al menos desde los años noventa y posiblemente desde los setenta, y que durante su uso han existido casos de perforación por fractura en el que las autoridades ni siquiera son informadas del uso de esta técnica, y sólo se conocen porque salen a la luz posteriormente.
Debido a este vacío, es complicado obtener evidencia contundente de los efectos que estas prácticas tienen en la salud de la población adyacente. Sin embargo, Olivera explicó que existen casos documentados en Estados Unidos donde la evidencia de la relación entre el fracking y, por ejemplo el cáncer de mama, es más robusta.
Uno de los elementos más preocupantes de que continúe esta práctica es que la población afectada sería la que tiene menor acceso a servicios de salud.
Por ejemplo, el proyecto de Aceite y Gas en Lutitas abarca 161,000 kilómetros cuadrados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Puebla.
El tema de fondo es que seguimos estancados en un debate de 1990, y parece que el sector está condenado a no mirar técnicas distintas. No es posible que en 20 años no haya surgido una forma de extracción segura (…) Como Estado te toca incentivar la producción y decidir si aceptas que se eleve el costo de producción para prevenir un posible costo social
Paul Sánchez, director, Ombudsman Energía México
Actualmente existen varias iniciativas para prohibir el fracking en el Congreso de la Unión.
Una de ellas prevé un cambio en la Ley de Hidrocarburos, y otra plantea cambios a la normativa de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Sin embargo, el senador Armando Guadiana ha dicho que cualquier propuesta de esta naturaleza se topará con pared cuando llegue a la Comisión de Energía del Senado, la cual él preside.
El Presidente tendría la opción también de emitir un decreto de suspensión al fracking en México. Esta figura legal es menos robusta que otras opciones, pero sería una solución temporal que mostraría voluntad política.
En febrero de este año, la Comisión Nacional de Hidrocarburos emitió cuatro autorizaciones para perforación de pozos en la cuenca Tampico-Misantla, en respuesta a solicitudes realizadas durante el sexenio pasado. En marzo se emitió una autorización más que fue cancelada por el propio Presidente.
El mayor afectado por la prohibición del fracking sería Pemex, que podría perder entre 250,000 y 300,000 barriles diarios de producción, además de que vería una reducción inmediata en sus reservas, pues parte de ellas sólo pueden ser producidas mediante esta tecnología, explicó Gonzalo Monroy, director de GMEC.
Estos números harían prácticamente imposible llegar a las metas de producción de la actual administración.
La Alianza Mexicana contra el Fracking cuenta con una petición en línea para detener esta práctica, la cual ya cuenta con más de 40,000 firmas.
Olivera explicó que la alianza también busca que la discusión de las iniciativas de prohibición se realice mediante foros abiertos, con el objetivo de elevar el nivel del debate.
