Durante su toma de protesta como presidente de México el 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador confirmó que no perseguirá a los corruptos del pasado.
“Mi fuerte no es la venganza”, dijo en su toma de protesta. Pero hay algunas investigaciones en proceso que su gobierno heredó y que ahora tendrá la obligación de resolver.
“En Mexicanos Contra la Corrupción nos dimos a la tarea de levantar el mayor número de denuncias posible (alrededor de 60), con evidencia suficiente para deslindar responsabilidades (…) La impunidad incentiva que los actos de corrupción vuelvan a pasar”, dijo Ricardo Alvarado, investigador de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Por su parte, Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, dedicado a documentar denuncias ciudadanas, aclaró que esos procesos no dependen directamente de la voluntad del presidente sino que las investigaciones quedarán en manos del Poder Judicial, el cual deberá resolver y castigar.
Sin embargo, algunas organizaciones dudan sobre si Andrés Manuel creará las condiciones necesarias para que esto suceda.
De aquí nacen las dudas
Tanto organizaciones civiles como órganos legislativos coinciden en que la Procuraduría General de la República necesita cambiar de fondo para dar resultados.
A Andrés Manuel le tocará nombrar –mediante un proceso que involucra al Senado de la República– al titular de la nueva Fiscalía General de la República, una figura legal que se creó desde 2014, responsable de investigar y resolver de forma autónoma los delitos federales y casos de corrupción de funcionarios públicos, entre otros.
La idea es que esta fiscalía no esté subordinada al presidente como lo está hoy la PGR.
Pero el colectivo #FiscalíaQueSirva advierte que no se debe nombrar a un fiscal como lo marca el procedimiento de la reforma política de 2014 pues eso pondría un fiscal a modo como los mismos vicios de la PGR actual.
El debate mantiene al sistema judicial atorado, pero por lo pronto, estos son algunos de los casos de corrupción de empresas que el gobierno de AMLO heredó y deberá resolver con o sin nuevo fiscal:
1. El caso Odebrecht
Se trata del caso de corrupción más grande en América Latina. En México la bomba estalló en 2015 cuando el dueño de la compañía de origen brasileño que lleva su nombre, Marcelo Odebrecht, dijo haber entregado sobornos a funcionarios mexicanos para ganar contratos con el gobierno durante las presidencias de Felipe Calderón y Enrique Peña.
Altos ejecutivos de la empresa dedicada a la construcción también dijeron haber pagado 10 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, quien fue director general de Pemex de 2012 a 2016.
Odebrecht tiene operaciones en México a través de su filial Braskem. Participó en la construcción y mejoramiento de dos refinerías y tiene todavía un contrato de suministro de un hidrocarburo llamado etano con Pemex.
A pesar de que Pemex abrió una investigación interna y aseguró que había puesto una denuncia en contra de quien resultara responsable, el diario Reforma reportó que la Procuraduría General de la República reservó hasta 2021 todos los informes, reportes y órdenes de investigación.
Más temprano que tarde, el gobierno de Andrés Manuel deberá decidir si cancela o continua su contrato con Odebrecht no sólo por las investigaciones de corrupción sino porque además a Pemex le cuesta millones de dólares mantener dicho acuerdo.
2. Operación Safiro (sí, con s)
La operación Safiro se refiere a un modus operandi en el que autoridades de siete estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI. El mecanismo fue descubierto por Javier Corral, actual gobernador de Chihuahua y documentado por MCCI.
Tras la publicación de dicha investigación y anticipándose a la entrada del nuevo gobierno y la incertidumbre sobre el seguimiento de estos casos, senadores por el partido Movimiento Ciudadano presentaron denuncias ante la PGR y otra ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) sobre este caso.
Antes de que entre en vigor la amnistía a políticos corruptos, denunciamos en la PGR a los involucrados en la Operación Zafiro, documentada por @MXvsCORRUPCION.
El modus operandi que detectó @Javier_Corral en Chihuahua se replicó en 8 estados y se desviaron más de $800 millones. pic.twitter.com/tVnp6Q0Moa
— Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) 28 de noviembre de 2018
El combate a empresas fantasma también será un tema pendiente para el próximo gobierno. El Servicio de Administración Tributaria tiene identificadas a más de 5,000 empresas fantasma que operan en el país.
3. Las concesiones de OHL, ahora llamada Aleática
OHL, que en julio de este año cambió su nombre a Aleatica, fue acusada en 2014 de presuntamente haber pagado sobornos a funcionarios mexicanos para ganar contratos con el gobierno.
Aunque AMLO la ha criticado, curiosamente también podría ser una de las empresas más beneficiadas con la cancelación del Nuevo Aeropuerto que se haría en Texcoco, una las banderas políticas que llevaron a López Obrador a la presidencia de la República.
El gobierno entrante tendrá pendientes dos denuncias relacionadas con esta empresa.
La primera es una denuncia presentada ante la PGR por el senador Emilio Álvarez Icaza contra Ruiz Esparza por presuntamente ayudar a OHL en la entrega de sobornos para obtener concesiones. Esta denuncia se presentó apenas dos días antes de que terminara la administración de Enrique Peña.
Y la segunda es una por parte del abogado Paulo Díez quien acusa a la empresa de violar la Ley del Mercado de Valores al no revelar información relevante al público inversionista relacionada con sus estados financieros.
El Secretario de Hacienda no tiene opción: debe denunciar de inmediato ante la Procuraduría General de la República
dijo el abogado a El CEO días antes de terminar la administración de Enrique Peña.
4. El socavón en el Paso Express
Gerardo Ruiz Esparza, quien estuvo al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 2012 a 2018, nunca estuvo a salvo de las acusaciones.
Uno de los casos más emblemáticos fue el escándalo por el hundimiento en la autopista del Paso Express de Cuernavaca, construido por el consorcio Aldesa-Epccor, donde murieron dos personas.
Una investigación hecha por México Evalúa, expone que el Paso Exprés mostró deficiencias en las diversas etapas que componen el ciclo de la contratación pública; desde la preparación del proyecto, la adjudicación y ejecución de sus contratos, hasta la puesta en marcha y operación de la obra.
La Secretaría de la Función Pública cerró el caso tras inhabilitar a ocho funcionarios. Sin embargo, en octubre de este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigió sanciones penales contra los funcionarios responsables de la construcción tras argumentar irregularidades en diseño, licitación y contratación de empresas.
5. La estafa maestra
En este caso, las empresas fantasma fueron nuevamente protagonistas. La Estafa Maestra es el título de una investigación realizada por al portal de noticias Animal Político y la organización MCCI el cual reveló que dependencias del gobierno federal usaron universidades públicas y empresas para desviar recursos.
La investigación encontró que el gobierno, a través de distintas secretarías, asignaba contratos a universidades públicas para que realizaran algún servicio para el que no estaban capacitadas. Así, las universidades se veían obligadas a subcontratar a una o varias empresas que tampoco podían hacer el trabajo. Entonces éstas, a su vez, tenían que subcontratar a otras empresas hasta llegar a la que realmente tiene la capacidad de cumplir.
Sin embargo, esta última cobra un monto mucho menor al original, a veces equivalente al 10% de los recursos asignados. En el proceso, cada entidad y empresa se quedaba con una parte del dinero público.
Derivado de la investigación, la Auditoría Superior de la Federación informó a los medios en noviembre que ha presentado 53 denuncias penales por un monto de 1,900 millones de pesos.
Santiago Roel, de Semáforo Delictivo, dijo que para que estos casos sigan su curso a pesar del cambio de gobierno, es necesario fortalecer a los poderes.
“Necesitamos un fiscal independiente y extrema transparencia”, coincidió.
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