Durante 2023 la corrupción en México, generó un impacto económico de más de 11,910 millones de pesos, evidenciando un sistema de justicia debilitado donde los responsables rara vez enfrentan las consecuencias de sus actos, según la organización TOJIL.
De acuerdo con el Informe del Observatorio de Fiscalías Anticorrupción en México de TOJIL 2023-2024, esta pérdida económica está estrechamente relacionada con las carencias de las fiscalías, como en términos de presupuesto, capital humano y carga de trabajo.
Para contextualizar, mientras la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), operó con un presupuesto de 223 millones de pesos en 2023, las fiscalías locales manejaron recursos mucho más limitados, con asignaciones que oscilaron entre 1 millón y 87 millones de pesos.
A pesar de esta disparidad, hubo avances modestos: el presupuesto de las fiscalías locales aumentó de 527 millones de pesos en 2022 a 598 millones en 2023, y 17 fiscalías recibieron incrementos presupuestales, algunos superiores al 25%.
No obstante, aún falta de personal especializado y la falta de recursos.
Fiscalías, carencia de capital humano
En 2023, 13 fiscalías estatales contaron con menos de cinco policías ministeriales, y 12 no disponían de ningún perito asignado. Esta carencia de capital humano es un obstáculo crucial para la investigación efectiva de delitos complejos como la corrupción.
En cuanto al desempeño, la FEMCC inició 755 carpetas de investigación en 2023, judicializando únicamente el 6% de los casos.
En contraste, la Unidad Especializada en Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia (UEIDCSPCAJ), una instancia paralela, abrió más de 3,000 investigaciones, pero judicializó solo el 1%.
A nivel estatal, los resultados también son desiguales. Nuevo León archivó cerca del 75% de sus indagatorias iniciadas en 2023, mientras que Querétaro destacó con apenas el 0.6% de sus investigaciones enviadas al archivo.
Por otro lado, el Estado de México y Durango obtuvieron el mayor número de sentencias (37 cada uno), pero 13 fiscalías locales no lograron ninguna condena durante ese año.
Entre enero de 2023 y julio de 2024, las fiscalías especializadas en el combate a la corrupción iniciaron 23,775 carpetas de investigación, lo que equivale a un promedio de 43 indagatorias diarias.
Sin embargo, el verdadero desafío radica en la resolución de los casos: solo el 6% de estas carpetas avanzaron lo suficiente para ser presentadas ante un juez, y menos del 1% culminaron en sentencias condenatorias.
Corrupción y la percepción
En ese año más del 80% de la población en el país considera que la corrupción es un problema frecuente en México, y un preocupante 14% admite haber sido víctima de este delito.
Esta baja efectividad resalta las limitaciones del sistema, desde la falta de recursos hasta los obstáculos en la implementación de estrategias de investigación más robustas.
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