El 22 de febrero de 2012, Adolfo Estrada, un trader de Barclays México entró a su terminal de Bloomberg para charlar con representantes de otros bancos. “Estoy comprando a 42”, escribió. Momentos después, Jorge Clasing de la Mora —de Deutsche Bank México— le contestó: “Ok. Estoy dentro, hermano, estoy dentro. Hacemos dinero y nos cuidamos entre nosotros”.
Esa conversación cotidiana y 134 más, forman parte del escándalo que involucra a siete importantes bancos en el país, los cuales se habrían coludido para fijar posturas, márgenes y momentos de venta en el mercado secundario de bonos y otros instrumentos de deuda gubernamental mexicana.
A inicios de la década pasada, traders presuntamente conspiraron para comprar y vender bonos a precios artificiales, actividad que después fue reclamada como un daño por los fondos de pensiones en Estados Unidos, y que derivó en un proceso ante una corte en Nueva York.
Además, desató una investigación por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México.
Una revisión documental de EL CEO detalla que estas presuntas acciones también habrían afectado a una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) mexicana —se desconoce su nombre— al negarle la venta de bonos en el mercado secundario de renta fija.
Fotoarte: Israel ÁguilaEl origen del caso
En 2015, uno de los bancos —Barclays, según fuentes consultadas por EL CEO— solicitó a la Cofece el beneficio de reducción de sanción, y con ello aceptó que sí realizó estas acciones, además de dar información de sus cómplices.
En enero de 2021, la Cofece determinó que estas actividades generaron un daño de 29 millones de pesos al mercado de bonos, aunque las transacciones involucradas fueron de 1,113 mdp. Por ese motivo, el extinto órgano autónomo, impuso multas a Barclays, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank Of America, Bancomer y JP Morgan por cerca de 36 millones de pesos.
Tras el anuncio de las sanciones, dichas instituciones bursátiles han buscado al menos ocho amparos, y uno de estos, promovido por Bank of America, llegó a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que finalmente se lo negó este miércoles 19 de marzo.
Una fuente cercana al caso dijo a EL CEO que a Bank of America no le preocupaba la multa por sí misma, sino que, para ese banco internacional, la acusación es un “tema delicado” de naturaleza reputacional.
¿Acuerdos entre competidores?
Entre 2010 y 2013, siete bancos intentaron –a veces con éxito– fijar precios de intermediación y acordar ventas de bonos, Cetes y otros instrumentos de deuda gubernamental mexicana en presunto perjuicio de los grandes tenedores de estos activos, como las Afores y los fondos de pensiones en Estados Unidos.
De acuerdo con el expediente IO-006-2016 de la Comisión Federal de Competencia Económica publicado en 2021, 11 traders de Barclays, Deutsche Bank, Santander, Bank of America, BBVA, Banamex y JP Morgan intercambiaban información a través de chats, disponibles dentro de las terminales de información de Bloomberg.
El objetivo primario de las charlas era, en palabras de los señalados, examinar el ‘color del mercado’; es decir, ‘tantear’ los precios y el interés sobre los bonos del gobierno de México. No obstante, detrás de las negociaciones, el regulador señaló que se acordaron precios y momentos de venta en el mercado secundario, con el efecto final de afectar las tasas de rendimiento de los instrumentos de renta fija ofrecidas al público.
Todas las conductas de estos agentes económicos se tradujeron en un daño confirmado de 29 millones de pesos al mercado, según estimaciones del regulador.
La red de los bancos
Cofece señala que, a través de los chats, los traders Adolfo Estrada –quien aceptó toda su participación en los hechos ante Cofece–y Jorge Fernando Clasing concertaron precios y posturas de venta sobre bonos gubernamentales en varios momentos entre 2010 y 2013.
En esta red, realizaron las mismas actividades Manuel Pérez Salazar Betanzo, de Bank of America y Gonzalo Rivas Ruiz, de JP Morgan.
En paralelo, había acuerdos entre Paulino Madrazo Martín, de Santander, y Armando Castillo Guzmán, trader de Banamex, para acordar posturas y momentos de venta sobre Cetes. O bien, Isaac Marín y José Luis Bada, de los mismos bancos, se revendían instrumentos entre sí para buscar incrementar las tasas de rendimiento en el mercado secundario.
Javier González Sosa, igualmente parte de Banamex, intentó manipular los precios y rendimientos de bonos, además de fijar momentos de compra y venta en colusión con Oscar Eduardo Taylor Rodríguez, quien entonces era su competidor en BBVA. Al mismo tiempo, efectuó acuerdos con Gonzalo Rivas, de JP Morgan.
González Sosa terminó por convertirse en director general adjunto en la Vicepresidencia de Supervisión Bursátil en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de julio de 2018 a noviembre de 2019, donde se encargó de verificar el cumplimiento y buenas prácticas de los bancos.
Los nexos entre supuestos competidores resultaron en una multa acumulada de 35.07 millones de pesos tanto para las instituciones involucradas como para las personas físicas. El castigo más grande fue para Deutsche Bank, con 8.7 mdp; después Barclays, con 6.3 mdp.
Fotoarte: Israel ÁguilaUna batalla legal que sigue pendiente
En el expediente de Cofece, consta que los actores se defendieron con algunos argumentos en común: primero, que no eran competidores, sino contrapartes en las operaciones; también, que siete bancos no pueden impactar en los precios en un mercado valuado en billones de pesos, con actores internacionales.
Todas estas tesis se presentaron en, al menos, ocho juicios de amparo a lo largo de 2021. En siete de ellos, un juez federal desestimó los argumentos y consideró que las sanciones impuestas por el regulador eran adecuadas; algunos señalados, posteriormente, presentaron quejas que tampoco tuvieron buenos resultados.
De acuerdo con una revisión de EL CEO en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el único amparo que prosperó fue el de Gonzalo Rivas Ruiz, de JP Morgan. Su implicación en los hechos no fue minimizada, sino que se ordenó a Cofece ajustar el monto de la multa porque consideró que no contaba con la agravante de intencionalidad.
Las demandas promovidas por Fernando Clasing de la Mora, José Luis Bada Herrero, Manuel Pérez Salazar y Óscar Taylor Rodríguez no concluyeron en amparos ni reducciones a sus sanciones, al menos en la primera instancia ante un juez federal.
Bank of América, a quien Cofece multó por 5.29 millones de pesos, interpuso un recurso que fue negado en noviembre de 2022 y, posteriormente, fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Juicio internacional
Los fondos de pensiones estadounidenses iniciaron un juicio ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York debido a estos hechos colusorios previamente señalados ante Cofece. En él, también mencionaron la participación de ING México y HSBC, quienes no fueron originalmente incluidos por el regulador mexicano.
Ocho fondos alegaron que hubo conspiración y manipulación en el mercado de bonos gubernamentales. Argumentaron que los bancos mexicanos comercializaron a precios inflados y manipularon los márgenes de compra y venta en el mercado secundario; con ello, miles de estadounidenses, cuyos recursos están depositados, se afectaron indirectamente.
Barclays y JP Morgan llegaron a un acuerdo con los demandantes. Mientras Banamex, Santander, Bank of America, BBVA, Deutsche Bank y HSBC México solicitaron al juez desestimar la demanda, recurso que fue negado a principios de enero de 2025, por lo que el juicio sigue en pie.
Lo que sigue
Ahora que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó el amparo a Bank of America, esto deja un precedente para otros intentos de los bancos, las cuales han buscado desactivar las sanciones y conclusiones del ahora extinto regulador.
Este revés en la SCJN deja el camino para que finalmente las entidades financieras paguen sus multas y, con ello, acepten los señalamientos la Cofece.
Una fuente cercana al caso dijo a EL CEO que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su competencia solamente detectó “omisiones” por parte de los bancos, y que hubo sanciones.
Con información de Mario Gámez
[Nota del editor: En este artículo inicialmente usamos el término casas de bolsa, aunque el expediente de la COFECE utiliza el término “agentes económicos” refiriéndose concretamente a los bancos, quienes fueron objetos de la investigación. Las operaciones para bonos pueden darse tanto en casas de bolsa o desde los libros de las instituciones bancarias, en este caso reforzamos el primero por una cuestión discursiva, pero finalmente fue cambiado para evitar una imprecisión.]
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