Bachoco: la silenciosa expansión que está depredando la selva en Yucatán

El pasado 26 de diciembre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró dos mega granjas de pollos de la empresa Bachoco, una de las avícolas más grandes del mundo. Según la autoridad, la compañía había deforestado sin autorización 23 hectáreas de selva en la Hacienda Teya, ubicada en el municipio de Kanasín, al noroeste de Yucatán.

A algunos pobladores les pareció extraña esta clausura —derivada de una “denuncia ciudadana anónima”— porque no existía una actividad evidente de deforestación, aunque otros aplaudieron el actuar de la Profepa porque aseguraron que proyectos como las granjas están “depredando” la selva.

EL CEO encontró que esta deforestación no ocurrió recientemente, sino hace más de 40 años por una empresa que fue adquirida por Bachoco en 2001, pero durante estas décadas la Profepa no se había pronunciado al respecto.

Lo que sí está ocurriendo actualmente en Yucatán, es una serie de acusaciones contra Bachoco y otras avícolas por presuntamente usar vertederos clandestinos en la selva, donde se han abandonado toneladas de excremento de pollo, también conocido como gallinaza.

La expansión silenciosa de Bachoco

No hay permisos ambientales de Bachoco disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán o en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a pesar de que la ley lo exige cuando existe un cambio de uso de suelo, deforestación y amenaza al ecosistema, entre otras cosas.

Este medio solo detectó un estudio de impacto ambiental de una de sus granjas en el municipio yucateco de Peto, que expone, entre otras cosas, medidas de mitigación ambiental al entorno e incluso los “beneficios” a la población.

Aunque no existe claridad sobre su manejo medioambiental, Bachoco está presente en al menos 17 municipios del estado de Yucatán, según pudo detectar EL CEO vía satélite.

En 2020, la empresa contaba con al menos 127 naves, utilizando 61.7 hectáreas de terrenos en Yucatán dedicados a su actividad avícola, de acuerdo con un estudio del colectivo Geocomunes, que ha acompañado a luchas colectivas en esa región.

Solo en este 2026, Bachoco tiene asegurados más de 8 millones de metros cúbicos de agua del acuífero de Yucatán para sus granjas y sus procesadoras, de acuerdo con 54 concesiones disponibles en la base de datos del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA). Es una de las 10 empresas con más derechos de explotación de agua en esa entidad.

Esta expansión se da en un contexto en el que Yucatán se situó a nivel nacional como el segundo estado con más crecimiento en la producción de carne de pollo —4.6%— y huevo de plato —3.6%—, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural presentados en diciembre pasado en su informe Panorama Agroalimentario 2025.

Profepa llega 40 años tarde

Tras el anuncio de la Profepa sobre la deforestación en 23 hectáreas en sus granjas, EL CEO intentó ubicar los predios desmontados por medio de los satélites del programa Copernicus —de vigilancia terrestre, oceánica y atmosférica de la Tierra— y Google Earth, pero no se detectó ningún daño aparente dentro del complejo de Bachoco, aunque sí en terrenos colindantes.

Al cuestionar a la Profepa sobre el predio dañado, la dependencia respondió que la afectación se detectó en las granjas Teya 5 y Teya 6; sin embargo, estas fueron construidas en 1975, que en ese entonces operó la empresa Avícola del Sureste, S.A. de C.V., la cual fue absorbida por Bachoco en 2001.

Pese a llegar cuatro décadas tarde, la Profepa respondió a EL CEO que se acreditó: “la existencia de un riesgo inminente de desequilibrio ecológico, así como de daño o deterioro grave a los recursos naturales”.

Sin embargo, y pese a los hallazgos, la procuraduría ambiental no ha presentado una denuncia penal por los daños. Solo agregó que la clausura es incluso reversible.

‘No ponen los ojos donde está el desastre’

Una fuente cercana al caso dijo a EL CEO que esta clausura en las granjas Teya de Kanasín se da en un contexto donde pobladores han denunciado ante autoridades locales y federales la operación de tiraderos clandestinos de gallinaza, proveniente de las grandes agrícolas.

Según la fuente, los inspectores ambientales no están mirando las principales afectaciones de la industria avícola.

Es ridículo, de repente aparece esta clausura de la granja de Teya, que no está en el mapa; dudo que ese lugar no tenga permisos, es una granja muy vieja, y que no tiene que ver con este desastre (de los tiraderos clandestinos) que se viene exponiendo

declaró la fuente.

La selva como tiradero

Desde 2024, pobladores de los municipios yucatecos de Kinchil y Halachó han denunciado y reportado a autoridades ambientales locales y federales la aparición de al menos ocho tiraderos clandestinos donde empresas avícolas supuestamente abandonan el excremento —también conocido como gallinaza—.

Las alertas han ido en aumento por el temor de que ese material se filtre al acuífero Península de Yucatán, el más grande que tiene México, que conecta centenas de cenotes. Sin embargo, en los últimos dos años, la Profepa solo ha informado de al menos dos clausuras en la zona, donde se deforestó para atender actividades de la industria avícola.

La última sanción ocurrió el pasado 13 de enero, en un predio deforestado utilizado por la avícola Productora Nacional de Huevo S.A. de C.V., cuyo nombre comercial es CRÍO. La Profepa incluso interpuso una denuncia penal, pues la compañía quitó los sellos a la maquinaria y continuó con las obras.

Pobladores han denunciado la presencia de vehículos con el logotipo de Bachoco, y de la empresa Biosoluciones y Ciencia S.A. de C.V., dedicada al manejo de gallinaza, que en su página de Facebook asegura ser proveedora de esa avícola.

La respuesta de Bachoco ante señalamientos

EL CEO solicitó una postura por este y otros señalamientos a Bachoco, quien no respondió con detalles claros sobre los tiraderos clandestinos, pero aseguró que opera bajo estándares y protocolos orientados a una gestión responsable de procesos, “con énfasis en el control, monitoreo y prevención de impactos”.

“El desarrollo productivo debe avanzar de forma responsable, en apego a la ley, con respeto al entorno natural y a las comunidades donde opera”, informó.

Sin embargo, y aunque en su informe de sustentabilidad de 2024 reitera su preocupación por la conservación del medio ambiente, en este no informan de medidas que respondan al tratamiento sustentable de sus desechos, como la incorporación de plantas de biogás, que podrían transformar el excremento en electricidad.

Los pollos no van al agua

El abandono de excremento de pollo —que además es un delito según el Código Penal Federal— ha recibido señalamientos de la población por el mal olor, aunque, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) los desechos de las aves también tienen otros impactos ambientales y en la salud:

• Contamina el aire por los gases que libera, lo que aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias.
• Daña gravemente la fertilidad del suelo por el exceso de amoniaco.
• Aumenta la presencia de moscas, amenazando las colmenas de los apicultores.
• Por el tipo de suelo, se filtra a los cuerpos de agua potable y los contamina.

En las batallas por el agua y territorio contra las avícolas se inserta la historia de Miguel Ángel Canul Gómez, un ejidatario del municipio de Hunucmá dedicado a la agricultura, quien sufrió amenazas supuestamente por trabajadores de Bachoco, porque su parcela se interpone con su expansión, de acuerdo con la investigación de la periodista Claudia V. Arriaga Durán, publicada en Pie de Página.

Bachoco no dio detalles del suceso en su respuesta a EL CEO pero dijo que ese tipo de acciones no encajan con sus valores, pero que “privilegia siempre el diálogo institucional y los canales legales”.

Bachoco ‘no pierde’

Desde hace tres décadas, Bachoco ha anunciado una serie de inversiones millonarias en diversos municipios de Yucatán para granjas reproductoras, incubadoras y plantas procesadoras. En este territorio biodiverso, que inversionistas describen como “destino fértil” para el sector industrial, la avícola se ha expandido para abastecer la demanda extranjera de sus productos.

La clausura temporal en la Hacienda Teya no es el único proyecto de la empresa que ha chocado con los intereses de la población yucateca y comunidades originarias que defienden la selva de la península.

En noviembre de 2023 una jueza ordenó la suspensión de la Granja de Akutzá porque el proyecto amenazaba con contaminar el agua de una comunidad indígena maya; además, resaltó la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), no existió una consulta previa a los pueblos que habitan el área, una práctica común en la instalación de proyectos en la península y que EL CEO ha documentado.

Aunque en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Granja de Akutzá prometían un manejo adecuado de los desechos de sus granjas, ProDESC señaló que había un riesgo grande de que, por su cercanía, los desechos contaminaran la Laguna Chichankanab “el cuerpo de agua dulce interior más grande de la Península de Yucatán, declarado Sitio Ramsar por la UNESCO, en 2004”, aseguró la organización.

Con ayuda de gobernantes locales de Yucatán, la planta fue inaugurada en febrero de 2024. Una de las promesas es que Bachoco invertiría 1,100 millones de pesos en el proyecto, y dejaría 310 empleos directos.

Bachoco, lo que comenzó con un pollo

La empresa la fundó la familia Robinson Bours en Ciudad Obregón, Sonora, en 1952. Casi dos décadas después estableció su Corporativo en Celaya, Guanajuato —donde permanece—, y en 1999 expandió su presencia a la península de Yucatán con la compra de una sociedad de alimento animal, conocida como CAMPI.

En su último informe anual de 2024, se describe como la empresa líder a nivel nacional y entre las diez productoras más importantes del mundo. Tiene operaciones en México y Estados Unidos, donde suma más de 40,000 trabajadores, de los que 36,049 se sitúan en México.

En 1997 se convirtió en la única avícola mexicana pública con su entrada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); pero deslistó sus acciones en 2024 y después liquidó su deuda para dejar de cotizar, con lo que dejó de estar obligada a presentar informes financieros ante inversionistas o autoridades bursátiles.

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