Un juez federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente una nueva orden del gobierno de Donald Trump que niega la posibilidad de obtener asilo a las personas que entren ilegalmente al país.
El presidente Trump firmó este mes un decreto que permite rechazar automáticamente las solicitudes de asilo presentadas por personas que cruzaron ilegalmente la frontera con México.
El juez de distrito John Tigar en San Francisco emitió este fallo temporal contra el decreto, en respuesta a la demanda interpuesta por organizaciones de defensa de los derechos civiles.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) afirma que la ley estipula que cualquiera que entre al país, independientemente de si lo hace legal o ilegalmente, puede presentar una solicitud de asilo.
El decreto de Trump indica que solo aquellos que ingresen a Estados Unidos por pasos fronterizos oficiales -y no quienes se escabullen a través de la frontera- pueden hacer el pedido de asilo.
La orden ejecutiva se produjo en momentos en que una caravana con miles de migrantes, en su mayoría hondureños, avanza a través de México hacia Estados Unidos.
Unos 3,500 centroamericanos de la caravana ya arribaron a Tijuana y se espera que otros 3,000 lleguen a partir de este martes.
“Irreconciliable conflicto”
El juez indicó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1965 establece que cualquier extranjero que llegue a Estados Unidos, “sea o no a través de un puerto de ingreso”, puede pedir asilo.
El decreto “que prohíbe dar asilo a los inmigrantes que ingresen al país eludiendo un puerto de ingreso está en irreconciliable conflicto con la INA y la expresa intención del Congreso”, versa el fallo de Tigar.
“Cualquiera sea la amplitud de la autoridad presidencial, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso prohibió en forma expresa”, agregó.
El bloqueo impuesto por el juez permanecerá vigente hasta que la corte decida sobre el caso.
Ante la decisión, el Departamento de Justicia dijo que era “absurdo” que Tigar permita a grupos de derechos civiles tener la capacidad de “impedir por completo que el Gobierno federal actúe a fin de evitar que extranjeros ilegales reciban un beneficio gubernamental que no les corresponde”.
“Pretendemos seguir defendiendo la práctica legítima y lógica del Ejecutivo para abordar la crisis en nuestra frontera sur”, dijo la dependencia.
El gobierno de Trump ha argumentado que tiene el poder exclusivo de frenar la inmigración en aras de la seguridad nacional, un poder que invocó justo después de ser investido en 2017 con una polémica prohibición de ingresar a Estados Unidos a ciudadanos de varios países.
La última versión de esta orden fue ratificada por la Corte Suprema el pasado 26 de junio, después de una larga batalla legal.
Cuando el departamento de Seguridad Interior anunció la nueva política el 8 de noviembre, un alto funcionario del gobierno dijo que respondía al “abuso histórico inigualable de nuestro sistema de inmigración” en la frontera con México.
De la solicitud al asilo, los menos
Funcionarios del gobierno afirman que cualquiera que logre ingresar al país puede pedir asilo y que luego a menudo desaparecen mientras su caso ingresa al sistema judicial.
“La gran mayoría de estas solicitudes terminan careciendo de mérito”, dijo un alto funcionario que pidió no ser identificado.
Menos de 10% de los casos resultan en un otorgamiento del asilo, afirma el gobierno.
Activistas por los derechos humanos y otros críticos de la política de Trump afirman que al restringir los pedidos de asilo a los puertos de entrada al país -que ya se encuentran bajo una fuerte presión- la administración está de hecho cerrando la puerta a personas que auténticamente estén huyendo de sus países para salvar sus vidas.
“El gobierno no puede abdicar de su responsabilidad hacia los migrantes que huyen del daño”, señaló la Coalición de Inmigración de Nueva York.
Pero el citado funcionario argumentó que están tratando de canalizar los pedidos “creíbles” de asilo “a través de los puertos de ingreso, donde tenemos mejores recursos”.
De esa manera, agregó, los tribunales “atenderán esos pedidos en forma expeditiva y eficiente, de manera que aquellos que de hecho necesitan una protección de asilo obtengan esa protección”.
En 2018, las patrullas fronterizas registraron más de 400,000 migrantes ilegales, de acuerdo a cifras del Departamento de Seguridad Interior. Y en los últimos cinco años, el número de pedidos de asilo aumentó 2,000%.
